¡El Fantasma del REDAM no necesita disfraz para hacerlo temblar! Tres cuotas alimentarias sin pagar pueden desatar su peor pesadilla

Por Ángela María Caicedo

ÁNGELA MARÍA CAICEDO

Abogada, Conciliadora y Comunicador Social-Periodista
Escritora Apasionada y Exploradora del Conocimiento Jurídico.

El fantasma del REDAM: quiso vengarse de su exesposa y terminó viviendo una pesadilla que amenazó su patrimonio y sus sueños
Una historia de desamor, venganza y consecuencias jurídicas que podría repetirse en miles de hogares colombianos.

Daniel había terminado su matrimonio de diez años de la peor manera posible.

No hubo despedidas tranquilas, acuerdos amistosos ni palabras que permitieran cerrar las heridas.

Su relación con Juliana terminó entre reproches, resentimientos y una comunicación tan deteriorada que cualquier conversación parecía el comienzo de una nueva guerra.

Lo que alguna vez había sido una familia se convirtió en un campo de batalla emocional.

Sin embargo, entre las heridas que ambos intentaban sanar había alguien que no tenía ninguna responsabilidad en el fracaso de ese matrimonio: su hijo.

Y fue precisamente allí donde Daniel cometió el error que terminaría convirtiéndose en su peor pesadilla.

La venganza que terminó perjudicando a su propio hijo

Después de la separación, Daniel y Juliana habían establecido mediante un acta de conciliación la cuota alimentaria que él debía pagar para contribuir al sostenimiento de su hijo.

El acuerdo era claro. Existía una obligación, un valor y unas condiciones de cumplimiento.
Pero Daniel comenzó a interpretar cada pago como una victoria de Juliana.

Su resentimiento pudo más que su responsabilidad.

Un mes pagaba incompleto. Otro mes entregaba alimentos o productos que él mismo escogía, aunque esas entregas no correspondieran a las condiciones establecidas en el acta.

En otras ocasiones, sencillamente no pagaba.

Creía que estaba castigando a Juliana.

En realidad, estaba comprometiendo los derechos de su propio hijo y construyendo, cuota tras cuota, un problema jurídico que podía perseguirlo durante años.

Daniel ignoraba que un acta de conciliación no es una sugerencia ni un acuerdo que pueda modificarse unilateralmente dependiendo del estado de ánimo de los padres.

Es una obligación jurídicamente exigible.

Y Juliana, cansada de los incumplimientos y de las discusiones interminables, decidió actuar.

Tres cuotas alimentarias y una decisión que cambió la historia

Cuando se acumularon tres cuotas incumplidas, total o parcialmente, conforme a las condiciones acordadas, Juliana acudió a mi asesoría jurídica.

Después de revisar el acta de conciliación, los pagos efectuados y las sumas pendientes, iniciamos las actuaciones legales correspondientes para exigir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

La estrategia comprendió el proceso ejecutivo de alimentos y la solicitud de inscripción de Daniel en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conocido como REDAM, ante la autoridad competente.

Daniel no parecía preocupado.

Pensaba que aquello era apenas una anotación en un sistema, una especie de lista administrativa sin mayores consecuencias.

Incluso llegó a creer que el registro no cambiaría nada en su vida.

No sabía que el verdadero problema apenas estaba comenzando.

La casa que quiso vender y el fantasma que apareció en la notaría

Tiempo después, Daniel decidió vender una casa.

La operación representaba una oportunidad económica importante.

Había encontrado un comprador y esperaba formalizar el negocio, recibir el dinero y continuar con sus proyectos personales.

Todo parecía avanzar normalmente.

Hasta que apareció una solicitud que no esperaba.

El certificado del REDAM.

Daniel descubrió entonces que su incumplimiento alimentario podía hacerse visible precisamente en uno de los momentos más importantes de su vida patrimonial.

El pasado que creía encerrado en las discusiones con Juliana había llegado hasta la notaría.

Sintió miedo de perder el negocio. Imaginó que su nombre en el registro significaba que ya no podría vender su propiedad.

Pero aquí existe una diferencia jurídica fundamental que muchas personas desconocen.
Estar inscrito en el REDAM no significa que una notaría pueda prohibir automáticamente la venta o compra de un inmueble.

El Consejo de Estado, en su Concepto 2508 del 13 de septiembre de 2023, aclaró que el certificado debe exigirse como requisito informativo, pero el reporte por sí solo no autoriza a negar el otorgamiento de una escritura pública.

Es decir, Daniel podía continuar con la compraventa si cumplía los demás requisitos legales.

Sin embargo, eso no significaba que sus deudas alimentarias hubieran desaparecido ni que su patrimonio estuviera protegido de un eventual embargo judicial.

La notaría no era necesariamente el final de su negocio.

El verdadero riesgo era que sus acreencias alimentarias seguían siendo exigibles y que el proceso judicial podía alcanzar sus bienes.

El banco también podía conocer su incumplimiento Daniel comenzó a investigar.

Descubrió que, al solicitar un préstamo o renovar un crédito, una entidad bancaria también debe exigir el certificado del REDAM.

La noticia lo inquietó profundamente.

Había planeado utilizar parte del dinero de la venta de su casa para adquirir otro inmueble con financiación bancaria.

Ahora comprendía que su comportamiento frente a la obligación alimentaria podía convertirse en información relevante dentro de la evaluación de riesgo crediticio.

Eso no significaba que el banco tuviera prohibido prestarle dinero.

Pero sí que su historial de incumplimiento podía ser valorado al estudiar la operación, junto con sus ingresos, capacidad de pago y antecedentes financieros.

Cada decisión irresponsable empezaba a tener un costo que Daniel nunca había calculado.

El contrato con el Estado que podía escapársele de las manos.

La preocupación aumentó cuando Daniel descubrió otra consecuencia.

Su experiencia profesional le permitía aspirar a contratar con entidades públicas.

Era una alternativa laboral que consideraba importante para aumentar sus ingresos.

Sin embargo, el artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 establece una inhabilidad para contratar con el Estado mientras el deudor alimentario moroso permanezca sin ponerse a paz y salvo.

La restricción también puede afectar determinadas operaciones de una persona jurídica cuando el deudor inscrito actúa como representante legal.

Aquello ya no era simplemente una discusión familiar.

Su incumplimiento podía cerrar oportunidades económicas que nada parecían tener que ver con su separación matrimonial.

Daniel comenzó a entender que una decisión tomada por resentimiento podía terminar afectando su futuro profesional.

La pesadilla llegó hasta Migración Colombia

Cuando Daniel creyó que ya conocía todas las consecuencias, descubrió una noticia todavía más inquietante.

La Ley 2097 de 2021 contempla un impedimento para salir del país y realizar determinados trámites migratorios cuando una persona se encuentra inscrita en el REDAM.

Daniel tenía planes de viajar al exterior.

Hasta ese momento había considerado el viaje como una forma de comenzar una nueva etapa.

Ahora comprendía que su situación jurídica podía interferir con esos planes.

El fantasma del REDAM no solamente aparecía en las notarías, los bancos y los contratos estatales.

También podía acompañarlo hasta el aeropuerto.

Y aunque cada restricción debe aplicarse conforme a las normas y garantías correspondientes, el mensaje resultaba imposible de ignorar:

Una obligación alimentaria incumplida puede producir consecuencias mucho más allá del conflicto entre los padres.

¿Y si Daniel hubiera querido comprar un inmueble en lugar de venderlo?

La historia plantea una pregunta que resulta especialmente importante para quienes están inscritos en el REDAM:

¿Puede una persona reportada como deudora alimentaria morosa comprar una casa o un apartamento y firmar la escritura pública?

La respuesta jurídica es sí, siempre que cumpla los demás requisitos legales.

La inscripción en el REDAM no elimina su capacidad para adquirir bienes ni constituye por sí sola una prohibición absoluta de escrituración.

El Consejo de Estado aclaró que los notarios no pueden negar el servicio exclusivamente por la aparición de una persona en ese registro.

No obstante, comprar un inmueble mientras existen obligaciones alimentarias pendientes puede aumentar la exposición patrimonial del deudor.

El nuevo bien podría ser perseguido mediante medidas cautelares dentro de un proceso judicial de cobro, conforme a las disposiciones aplicables.

Por eso, una cosa es poder adquirir legalmente un inmueble y otra muy diferente es hacerlo sin riesgos derivados de obligaciones alimentarias incumplidas.

¿Cómo pudo Daniel evitar esta pesadilla?

La tragedia de Daniel no comenzó cuando apareció el certificado del REDAM.

Comenzó mucho antes, cuando confundió el resentimiento hacia Juliana con su obligación de responder por su hijo.

Si consideraba que la cuota alimentaria era excesiva, injusta o incompatible con su situación económica actual, existían mecanismos legales para solicitar su modificación.

Podía acudir a una conciliación con Juliana y buscar un nuevo acuerdo.

Si no lograban conciliar, podía acudir ante el juez competente para solicitar la revisión de la cuota y demostrar las circunstancias económicas que justificaban su petición.

Lo que no podía hacer era modificarla por cuenta propia, dejar de pagarla o sustituirla unilateralmente por productos, regalos o entregas en especie que no correspondieran a lo pactado.

Mientras no exista una modificación válida, la obligación continúa siendo exigible.

El fantasma puede desaparecer, pero las deudas deben resolverse Daniel finalmente comprendió que ignorar el REDAM no era una solución.

Para superar su situación necesitaba identificar la deuda, revisar las actuaciones adelantadas, ponerse al día y promover la cancelación de su inscripción ante la autoridad correspondiente, una vez cumplidos los requisitos legales.

La Ley 2097 de 2021 contempla mecanismos para actualizar y cancelar la información cuando se acredita el cumplimiento de las obligaciones, así como reglas frente a la reincidencia.

El problema tenía una salida jurídica.

Pero esa salida no consistía en esconderse, discutir indefinidamente con Juliana o esperar que el tiempo borrara las consecuencias.

Consistía en tomar decisiones responsables y contar con una estrategia legal adecuada.

Porque, a diferencia de los fantasmas de Halloween, las consecuencias de una deuda alimentaria no desaparecen simplemente cuando termina la noche.

LLAMADO A LA ACCIÓN

Si usted tiene cuotas alimentarias atrasadas, está inscrito en el REDAM, tiene dificultades para vender un inmueble, necesita tramitar un crédito o teme que su situación afecte sus proyectos personales y profesionales, no espere hasta encontrarse con una sorpresa en una notaría, un banco o un aeropuerto.

Comuníquese conmigo al (316) 212 4646. Una asesoría jurídica oportuna puede ayudarle a conocer sus obligaciones, identificar las alternativas legales disponibles y evitar que el problema siga creciendo.

No permita que el desconocimiento jurídico convierta una deuda manejable en una situación que comprometa su patrimonio y su tranquilidad.

MORALEJA JURÍDICA

La historia de Daniel demuestra que utilizar la cuota alimentaria como instrumento de venganza contra una expareja puede resultar mucho más costoso de lo que cualquiera imagina.

Los alimentos son un derecho de los hijos, no un beneficio personal del padre o la madre que los recibe y administra.

Si las circunstancias económicas cambiaron, la solución es solicitar una modificación legal de la cuota, no incumplirla.

Antes de tomar decisiones que puedan perseguirlo durante años, llámeme o escríbame al (316) 212 4646.

Una decisión jurídica correcta puede marcar la diferencia entre solucionar un conflicto y profundizarlo.

PROTEJA SUS DERECHOS

Si usted es el padre o la madre que no está recibiendo oportunamente la cuota alimentaria de sus hijos, recuerde que la ley contempla mecanismos de protección, procesos ejecutivos y la posibilidad de solicitar la inscripción del deudor en el REDAM cuando se cumplan los requisitos legales.

No tiene que resignarse a recibir pagos incompletos, incumplimientos reiterados o promesas que nunca se cumplen.

Escríbame al (316) 212 4646. Podemos estudiar su caso, revisar el título que contiene la obligación y determinar las actuaciones procedentes para exigir los alimentos que legalmente corresponden.

PROTEJA SUS DERECHOS: NO ESPERE A QUE EL MIEDO SE CONVIERTA EN REALIDAD

Si usted es quien debe alimentos, también tiene derecho al debido proceso, a revisar la legalidad de su inscripción y a solicitar judicialmente la modificación de una cuota cuando existan fundamentos para hacerlo.

Si tiene un inmueble por vender o comprar, un viaje programado, una oportunidad de contratación estatal o un crédito por tramitar, la asesoría preventiva puede resultar decisiva. Llámeme o escríbame al (316) 212 4646.

No espere a que el fantasma del REDAM aparezca cuando menos lo espera.

En este martes 13, y con Halloween cada vez más cerca, recuerde que el verdadero terror no está en los fantasmas, sino en las consecuencias de ignorar la ley.

Asesoría jurídica: 316 212 4646

La historia se presenta como una narración jurídica con fines informativos. La aplicación de las normas depende de las circunstancias y pruebas de cada caso.

¿Cómo solicitar asesoría?

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Así podremos identificar más rápido su necesidad y brindarle una atención personalizada.

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#ÁREALEGAL | ⚖️ 🔍 Los alimentos son un derecho de los hijos, no un arma de guerra: los peligros del incumplimiento alimentario 🌐

Modificar cuotas de manera unilateral genera procesos ejecutivos e inhabilitaciones comerciales graves para los padres.

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— Diario Occidente (@Diarioccidente) October 14, 2026

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¡Hola! Soy Ángela María Caicedo, comunicador social-periodista, Abogada y Conciliadora y me encanta sumergirme en el fascinante mundo de la escritura y el descubrimiento.

Como apasionada de los temas jurídicos, mi objetivo es compartir ideas, inspiración y conocimiento a través de mis palabras.

Y aunque parezca que los abogados nos expresamos con un lenguaje de otro planeta, es nuestra responsabilidad acortar la brecha comunicativa entre abogados y no abogados, teniendo en cuenta que ambos lenguajes tanto el jurídico como el común coexisten.

También como abogada conciliadora de la organización sin ánimo de lucro “Convivencia Ciudadana” me apasiona acompañar a las personas en el proceso de buscar soluciones pacíficas a sus problemas y que sea un ‘gana-gana’ para las partes, porque otro tipo de justicia es posible.

Por eso este espacio es mi plataforma para conectar contigo.

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