Gobierno decreta Emergencia Económica y cobra impuesto al patrimonio

El Gobierno nacional presentó en Cartagena el decreto de Emergencia Económica que establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con el fin de atender los efectos de las inundaciones registradas en distintas regiones del país.

La medida se dio a conocer durante un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro.

El Ministerio de Hacienda explicó que el impuesto al patrimonio para personas jurídicas aplicará a empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, cifra cercana a 10.474 millones de pesos. La tarifa general será del 0,5%.

Además, el decreto fija una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. Según las proyecciones oficiales, el 56% del recaudo provendría de estas dos actividades económicas.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que el tributo se pagará en dos cuotas. El 50% deberá cancelarse el primero de abril y el 50% restante el 4 de mayo.

De acuerdo con lo expuesto por el funcionario, los recursos obtenidos se destinarán principalmente a intervenciones agrarias y obras de infraestructura en las zonas afectadas por la emergencia climática.

Ávila señaló que el Gobierno estructuró el impuesto al patrimonio para personas jurídicas teniendo en cuenta las restricciones jurídicas vigentes.

Recordó que en el pasado el país utilizó mecanismos similares para atender emergencias derivadas de fenómenos climáticos.

Balance de afectaciones y medidas complementarias

Durante el Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda presentó un balance preliminar sobre la magnitud de la emergencia.

Según el reporte oficial, se registraron 65 eventos, de los cuales 53 corresponden a inundaciones.

Las afectaciones se concentran en 61 municipios de ocho departamentos. Más de 69.000 familias resultaron afectadas y 10 personas fallecieron.

Las autoridades también reportaron daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud.

En el sector productivo, cerca de 20.000 hectáreas presentan afectaciones y más de 4.100 viviendas quedaron destruidas.

El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos.

El ministro Ávila afirmó que la evaluación técnica realizada por el Gobierno permitió dimensionar el impacto del evento climático y definir las medidas adoptadas dentro de la Emergencia Económica.

De manera adicional, el Gobierno sostuvo conversaciones con el sector financiero para promover su participación en la atención de la emergencia.

Según el Ministerio de Hacienda, entre 2024 y 2025 el sector financiero duplicó sus utilidades.

En este contexto, representantes del sector propusieron medidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.

El paquete de alivios contempla un periodo de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora.

Asimismo, el Gobierno solicitó la reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y el fortalecimiento del crédito asociativo. Estas decisiones podrán incluirse en decretos complementarios.

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