Salario mínimo 2026 en Colombia: tras la suspensión del Consejo de Estado, ¿qué va a pasar con el pago de la quincena?

La suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo 2026 en $1.750.905, abrió un nuevo escenario jurídico y laboral en el país.

El Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir un decreto transitorio en un plazo de ocho días calendario, mientras se adopta una decisión de fondo sobre la legalidad del aumento del 23 %.

El alto tribunal precisó que la suspensión no implica un pronunciamiento definitivo. También dejó establecido que los efectos de la medida solo operan a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio.

Hasta ese momento, el decreto original mantiene sus efectos jurídicos.

Esa precisión se convirtió en el punto central del debate. La pregunta que surgió de inmediato entre empresarios y trabajadores fue concreta: ¿qué salario debe pagarse en esta quincena?, ¿el salario mínimo vital decretado para 2026 o el salario mínimo legal de 2025?

El auto judicial ordena que el nuevo decreto aplique integralmente criterios legales y constitucionales como la meta de inflación, la productividad certificada, la inflación real del año anterior y el crecimiento del PIB. Además, exige una fundamentación económica detallada y verificable.

Debe pagarse el salario decretado

El presidente Gustavo Petro señaló que: “Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”. Según el mandatario, el “salario mínimo vital decretado se mantiene” hasta que se expida el decreto transitorio ordenado por el Consejo de Estado y mientras se adopta la decisión de fondo.

El jefe de Estado también anunció que se presentarán recursos para aclarar el auto. Explicó que el magistrado no incluyó “el texto completo de la sentencia de la corte constitucional que obliga como criterio prevalente (…) el criterio del salario vital y móvil, del art 53 de la constitución nacional”. Señaló que respetará la decisión judicial, pero defenderá esa prevalencia constitucional.

Petro invitó al empresariado a acudir a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, convocada de manera unilateral por el Gobierno, para dialogar antes de la expedición del decreto transitorio. “Es un Pacto por la Vida lo que se ha propuesto”, afirmó, y agregó que “un Pacto por la Vida y la producción es posible”.

En la misma línea, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que “El Decreto 1469 de 2025 (…) se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento”.

Fue directo al afirmar: “Empresarios: esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1.º de enero de 2026”.

El ministro explicó que “hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos”. Además, enfatizó que “los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos” y que cualquier interpretación debe realizarse bajo el principio “in dubio pro operario”.

El Ministerio del Trabajo anunció que “tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas”.

También confirmó que la Comisión de Concertación fue convocada para discutir el decreto transitorio, el cual “debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

Gremios advierten sobre incertidumbre e impacto

Mientras el Gobierno insiste en la vigencia del salario mínimo vital hasta nuevo decreto, los gremios mantienen su respaldo a la decisión del Consejo de Estado. FENALCO aseguró que la suspensión “protege la Constitución y la sostenibilidad del empleo formal”.

El gremio reiteró que un incremento del 23,7 % “no responde a la realidad económica del país” y advirtió que “en riesgo por el decreto hay alrededor de 772.340 empleos”.

Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que el decreto presentaba “deficiencias legales graves” y que la fijación del salario mínimo no puede desconocer criterios técnicos y constitucionales.

Acopi expresó: “Expresamos nuestra preocupación por la incertidumbre e inseguridad jurídica que se genera”.

La asociación señaló que la situación impacta especialmente a las microempresas, que son las que más contratan y pagan el salario mínimo.

El Consejo Gremial Nacional indicó que respeta la decisión judicial y que cualquier determinación debe adoptarse “de manera equilibrada, con base en criterios técnicos y dentro del marco institucional previsto por la ley”.

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