Críticas contra el gobierno Petro por suspensión de capturas de cabecillas

La decisión de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en Medellín desató una fuerte controversia política en el país, con cuestionamientos directos al gobierno del presidente Gustavo Petro.

La medida, adoptada por la Fiscalía General de la Nación y solicitada por el gobierno nacional en el marco de la política de “Paz Total”, permite que estos cabecillas participen en un Espacio de Conversación Sociojurídico, con una vigencia inicial de seis meses.

Algunos de los cabecillas favorecidos por el levantamiento de las órdenes de captura estuvieron en el llamado “tarimazo” en Medellín, junto al presidente Gustavo Petro.

Entre los beneficiados figuran nombres como Alberto Antonio Henao Acevedo, Edilberto Dimaría Oliveros Correa, Andrés Felipe Rodas Montoya y Juan Carlos Mesa Vallejo, señalados como voceros de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

La suspensión aplica en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá, Rionegro y, de manera puntual, en Bogotá para actividades relacionadas con el proceso de paz, bajo el marco de la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones presidenciales 139 de 2023 y 094 de 2025.

Reacción política

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue uno de los primeros en reaccionar y calificó la decisión como una estrategia política en medio del contexto electoral.

“Favores se pagan con favores. En plena época electoral, la Fiscalía y el Gobierno Petro levantan órdenes de captura y dejan en libertad a sus aliados del Tarimazo”, expresó el mandatario regional.

Rendón advirtió que los cabecillas beneficiados, a quienes señaló como responsables de delitos como homicidio, extorsión, desapariciones y narcotráfico, podrían reorganizar sus estructuras criminales y ejercer presión sobre la ciudadanía.

“Ahora se valen de esto para atemorizar a los antioqueños y construirlos en sus decisiones”, indicó, al tiempo que calificó la medida como una afrenta a las víctimas y a la Fuerza Pública.

Críticas desde la oposición

A las críticas se sumó la candidata presidencial del Centro Democrático y la Gran Consulta, Paloma Valencia, quien aseguró que la decisión responde a intereses electorales.

“No aceptamos este juego de impunidad con tintes de ayuda política que está teniendo el gobierno del Pacto con la criminalidad colombiana”, manifestó la dirigente política.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también cuestionó la medida y la calificó como un insulto para la ciudad y sus víctimas.

“Lo que pretende Petro con esto es que puedan salir de la cárcel, con la falsa excusa de la ‘Paz’ para hacer campaña en los barrios. Adivinemos a favor de quién!”, afirmó el mandatario local.

Gutiérrez advirtió que estos 23 cabecillas podrían interferir en el escenario electoral mientras continúan vinculados a actividades delictivas como homicidio, extorsión y explotación sexual de menores.

“Una vez más Petro y su gobierno aliado de los peores criminales, le cumple a sus verdaderos amigos”, agregó, al señalar que no guardará silencio frente a lo que considera una decisión institucional cuestionable.

Alcances de la medida y condiciones

La Fiscalía explicó que la suspensión de las órdenes de captura no aplica en casos de flagrancia relacionados con delitos graves, incluidos secuestro, extorsión o violaciones a los derechos humanos.

Además, el beneficio está condicionado a la firma de un acta de compromiso ante la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que incluye la prohibición de portar armas y de utilizar prendas militares.

La decisión se enmarca en la estrategia de negociación con estructuras armadas urbanas, aunque su implementación reavivó el debate sobre los límites entre los procesos de paz y la seguridad ciudadana.

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