Trump redobla apuesta arancelaria mientras América Latina mide sus impactos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. anunció un nuevo arancel global del 10%, reavivando tensiones comerciales en un mundo aún vulnerable. El impacto en América Latina será desigual: mientras Brasil se beneficia, países como Colombia asumen un mayor costo.

El presidente Donald Trump ha decidido avanzar con una política comercial aún más proteccionista. Pese a que el anuncio original apuntaba a una subida del 15% en tarifas a las importaciones, finalmente la Casa Blanca oficializó la implementación de un arancel global del 10%, con efecto inmediato bajo la sección 122 del tratado comercial de 1974.

Esta acción, según la administración estadounidense, busca corregir desequilibrios comerciales y proteger la industria nacional, pero también sienta las bases para un aumento de tensiones globales justo cuando los mercados buscan estabilidad.

La tarifa arancelaria promedio de EE.UU. se redujo finalmente en 2 puntos porcentuales hasta ubicarse en 14,4%, al incorporar este nuevo arancel global.

Trump, sin embargo, insiste en su compromiso de imponer una tarifa adicional del 15% a determinados productos, abriendo la puerta a nuevas rondas de ajustes unilaterales.

Reacciones mixtas en América Latina

El anuncio de Washington tuvo efecto inmediato en las expectativas de América Latina, una región con fuerte dependencia del comercio exterior hacia EE.UU.

Países como Argentina, Chile, Colombia y Perú estaban hasta ahora sujetos a un arancel recíproco del 10%, mientras que Brasil enfrentaba una doble carga de 10% + 40%, y México sufría un recargo adicional del 25% debido al tráfico de fentanilo.

Con el nuevo esquema, y ponderando las exportaciones como porcentaje del PIB, los cambios benefician especialmente a Brasil, que verá reducida su tasa arancelaria efectiva en 10 puntos porcentuales hasta 13%.

México también experimentará un alivio, aunque menor (-0,7 pp hasta 10,2%). Por el contrario, países andinos como Colombia, Chile y Perú verán aumentos en sus tasas arancelarias. Para Colombia, el ajuste representa un alza de 1,2 puntos porcentuales, llevando su carga arancelaria efectiva a 6,9%.

Este movimiento refuerza la necesidad de que estos países diversifiquen sus destinos de exportación, mitigando así su vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales de sus principales socios comerciales.

Emergencia invernal y tensiones crediticias en Colombia

A nivel doméstico, Colombia enfrenta un desafío adicional: la declaratoria de emergencia económica por los estragos de la ola invernal.

En respuesta, el Gobierno propuso imponer inversiones forzosas a las entidades financieras como medida para canalizar recursos hacia sectores vulnerables, particularmente la agricultura. Los fondos serían otorgados a través de créditos con tasas bajas en departamentos como Sucre y Córdoba, los más afectados por la emergencia.

Sin embargo, la iniciativa ya genera fricciones con el sector bancario. Asobancaria, el gremio que representa a las entidades financieras, ha advertido que las inversiones forzosas distorsionan el mercado, afectan la rentabilidad de los ahorradores y elevan el costo del crédito.

En su lugar, el gremio propone negociar mecanismos de alivio a la deuda y líneas de crédito especiales sin recurrir a instrumentos que debiliten la estabilidad del sistema financiero.

Riesgos sobre riesgos

En suma, Colombia enfrenta un doble frente de incertidumbre: por un lado, los riesgos externos derivados de la política comercial de EE.UU., y por otro, los retos internos de atender una crisis climática sin vulnerar el equilibrio financiero.

El aumento de la carga arancelaria podría tener implicaciones sobre la competitividad exportadora, mientras que las decisiones de política interna deben encontrar un delicado balance entre atención a la emergencia y sostenibilidad económica.

En un contexto global que parece volver a cerrarse, la resiliencia de las economías emergentes dependerá cada vez más de su capacidad de adaptación, diálogo institucional y coherencia de políticas públicas. Colombia, con un entorno externo más incierto y presiones internas en aumento, necesita evitar que la solución a un problema termine agravando otros.

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