Colombia envejece antes de enriquecerse

Empiezo por la buena noticia, porque en un país acostumbrado a leer cifras con resignación, esta merece celebrarse.

Colombia está dejando atrás, lentamente, una de sus tragedias más normalizadas: las niñas madres.

Según el más reciente Ensayo sobre Política Económica del Banco de la República, los nacimientos de madres adolescentes se mantuvieron altos hasta mediados de la década pasada.

A partir de 2018 comenzaron a caer de forma pronunciada. Detrás de esa curva hay miles de jóvenes que terminaron el colegio, que llegaron a la universidad o que simplemente pudieron decidir cuándo ser madres.

La evidencia muestra que la educación es un anticonceptivo poderoso: en los municipios más beneficiados por Ser Pilo Paga, la fecundidad de las jóvenes de 15 a 19 años cayó cerca de 6%.

Pero celebrar no es cantar victoria. En 2024 todavía nacieron cerca de 90.000 bebés de madres adolescentes, uno de cada cinco nacimientos del país.

Y conviene recordar algo que se olvida con demasiada facilidad: en Colombia, todo embarazo de una niña menor de 14 años es consecuencia de un delito.

La caída es real, pero la tarea está a medio hacer.

Ahora, la otra cara. Ese mismo informe confirma que el país vive un cambio demográfico más rápido y más profundo de lo que la política pública ha querido reconocer.

En 2024 nacieron unos 450.000 niños, 12% menos que el año anterior. Según las estadísticas vitales, la fecundidad llegó a 1,1 hijos por mujer, muy por debajo de los 2,1 necesarios para reemplazar a la población.

El DANE proyecta que Colombia alcanzará su máximo de habitantes a mediados de la década de 2040 y que después empezará a decrecer.

Los propios investigadores advierten que envejeceremos más rápido que Europa y con menos ingresos. Esa es la verdadera alarma: vamos a envejecer antes de enriquecernos.

El aula vacía: el primer síntoma

El primer sector que sentirá el golpe es el educativo, y ya lo está sintiendo.

El Banco de la República proyecta que para 2050 habrá cerca de 6,3 millones de estudiantes entre transición y media, 3,1 millones menos que en 2024.

En un escenario de cambio acelerado, la matrícula caería a la mitad.

El problema es cómo se financia la educación pública.

Los recursos del Sistema General de Participaciones se distribuyen, entre otros criterios, según el número de matriculados.

Menos estudiantes significan menos transferencias para los territorios. Si nadie cambia las reglas, el

resultado será un recorte automático e invisible, decidido por una fórmula y no por una política.

Donde más me preocupa es en la ruralidad.

En 1990, una mujer rural tenía en promedio 3,8 hijos; hoy tiene 1,9, prácticamente lo mismo que en las ciudades.

El campo colombiano se está quedando sin niños al mismo ritmo que las ciudades, pero con escuelas más pequeñas, más dispersas y más frágiles.

Esas escuelas ya parten de una desventaja: las pruebas Saber 11 muestran brechas persistentes entre estudiantes urbanos y rurales.

Si la financiación se ajusta solo por número de alumnos, la escuela veredal, a veces la única presencia del Estado en kilómetros, será la primera candidata a cerrar.

Cerrar una escuela rural no es un ahorro. Es empujar a una familia más hacia la ciudad o hacia la deserción.

Y sin embargo, aquí hay una oportunidad histórica.

Hoy apenas 14% de los niños de 3 y 4 años está en prejardín o jardín, y menos de la mitad de los jóvenes cursa la educación media.

En cerca del 60% de los municipios, la relación de alumnos por docente supera el promedio de la OCDE; en Uribia o Soledad pasa de 50.

Menos niños deberían significar mejores aulas, no aulas abandonadas.

Las pensiones: la bomba con temporizador

El segundo frente es el pensional, y es el más grave porque sus efectos se acumulan en silencio.

En 2018, las personas en edad de pensión eran cerca del 10% de la población; en 2050 serán el 27%.

Hoy, apenas el 17,5% de las mujeres y el 21,4% de los hombres logra obtener una pensión de vejez.

Somos un país que envejece sin haberse pensionado.

La reforma pensional, que la Corte Constitucional avaló en su mayor parte y que entrará en vigor en abril de 2027, amplía la cobertura.

Pero no resuelve la aritmética. Según las simulaciones del Emisor, el fondo de ahorro que crea la reforma se agotaría hacia 2072.

A partir de allí, el costo del pilar contributivo se dispararía: 8% del PIB en 2075 y cerca de 16% hacia 2100.

De ese costo total, 5,5 puntos del PIB se explican únicamente por el envejecimiento.

Con el peso de la salud y las pensiones, la deuda del Gobierno pasaría del 61% al 156% del PIB en 2070.

Eso no es un ajuste; es una crisis anunciada.

Lo que el Gobierno nacional tiene que decidir

El nuevo gobierno no puede tratar esto como un asunto de demógrafos. Estas son, a mi juicio, las decisiones inaplazables:

1. Reformar las reglas del SGP educativo antes de que la matrícula caiga más. El dinero que libera la menor cantidad de alumnos no debe salir del sector. Debe reinvertirse en educación inicial, en educación media, en jornada única y en calidad docente. Y la fórmula debe incluir un criterio de ruralidad y dispersión, para que la escuela veredal no se financie como si fuera un colegio de Bogotá.

2. Planear la planta docente por región. La región Andina pasaría de necesitar unos 173.000 docentes a unos 111.000 en 2050; el Caribe envejece a otro ritmo. Los retiros por pensión son la oportunidad de reorganizar sin despedir a nadie.

3. Hacer de la formalización laboral una política de Estado. Sin cotizantes no hay sistema que aguante, se llame como se llame.

4. Blindar lo que funcionó con el embarazo adolescente, con prioridad en la ruralidad y en los territorios donde la cifra no baja.

El informe deja una lección que debería quedarse en el despacho de cada ministro: ninguna medida aislada alcanza. La variable decisiva es la productividad.

Según las simulaciones del Emisor, si la productividad creciera 0,6 puntos adicionales por año, la deuda de 2070 no llegaría al 156% del PIB sino a cerca del 8%.

A eso hay que sumarle más mujeres en el mercado laboral y un sistema de salud más eficiente.

La demografía no se revierte por decreto. Pero sí se puede decidir si nos toma preparados o por sorpresa.

Fuente: Banco de la República, Ensayos sobre Política Económica núm. 112 (2026).

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