El FAC 1016: Cuando la desidia también es una emboscada

Colombia amaneció este 24 de marzo bajo el luto de una de las mayores catástrofes en la historia de nuestra aviación militar.

El humo que emana de la selva en Puerto Leguízamo no es solo el rastro de una tragedia aérea; es el símbolo de una Fuerza Pública que merece mucho más de lo que está recibiendo.

Las más de 60 vidas perdidas en el Hércules FAC 1016 obligan al país a hacerse una pregunta que no puede evadir: ¿estamos garantizando, como Estado, las condiciones mínimas para que nuestra Fuerza Pública cumpla su misión con seguridad y dignidad?
Este no es un momento para la polarización, pero tampoco es un momento para la evasión.

Desde mi experiencia en la gestión de seguridad y convivencia en el Valle del Cauca, he aprendido que la autoridad no admite vacíos.

Y cuando esos vacíos aparecen, no siempre son visibles de inmediato; a veces no se expresan en discursos, sino en decisiones administrativas que, acumuladas, terminan debilitando capacidades esenciales.

Los hechos que hoy están sobre la mesa son concretos y deben nombrarse. La narrativa oficial se apresuró a culpar a supuestas “trabas burocráticas” y a la antigüedad de las aeronaves.

Es una explicación insuficiente. El Congreso de la República cumplió con su responsabilidad aprobando los recursos necesarios para el sector defensa, pero cerca del 31% de esos recursos destinados al sostenimiento de capacidades fue aplazado mediante decretos del Ministerio de Hacienda.

Cabe preguntarse: ¿Qué busca el Gobierno Nacional manteniendo ese dinero bajo llave? ¿Es acaso una estrategia deliberada para frenar las operaciones, dejar las aeronaves en tierra y maniatar la capacidad de respuesta de nuestras tropas en el territorio?

Esta parálisis administrativa ha institucionalizado la “canibalización” de equipos: la práctica desesperada de desmontar unas plataformas para que otras logren despegar.

Cuando la sostenibilidad de las capacidades depende del remiendo, el margen de riesgo se incrementa de manera preocupante.

La modernización y el mantenimiento preventivo no son lujos; son la póliza de vida de nuestra democracia.
Hoy enfrentamos un desafío estructural: mientras en las regiones las dinámicas criminales evolucionan con rapidez y sofisticación, la respuesta institucional requiere no solo voluntad, sino ejecución efectiva.

No se puede pregonar la paz mientras se envían tropas al teatro de operaciones en condiciones de precariedad técnica.

La visión de transformación que ha planteado el Gobierno Nacional solo puede sostenerse si se garantiza, de manera real, la protección de quienes materializan la presencia del Estado en las regiones.

Mi solidaridad profunda con las familias de estos soldados, policías y tripulantes. Ellos cumplieron su juramento con honor. Como país, nos corresponde estar a la altura de ese sacrificio.

La tragedia de Puerto Leguízamo debe llevarnos a algo más que la conmoción. Exige una asunción de responsabilidad política inmediata.

El control del país no se recupera con mensajes de condolencia en redes sociales, sino con la ejecución real de los recursos y el respeto por las capacidades de nuestra Fuerza Pública.

¿Cuántos sacrificios más deben empañar nuestros cielos para que el Gobierno entienda que la desidia e ineficiencia administrativa también es una emboscada? La vida de nuestros soldados no es un rubro ajustable; es la base sobre la que se sostiene la libertad de todos los colombianos.

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