Ilusiones que debilitaron la seguridad

La seguridad de un país no fracasa de un día para otro. Se deteriora lentamente, cuando las decisiones de gobierno dejan de apoyarse en la realidad y comienzan a depender de ideas que, aunque políticamente atractivas, resultan estratégicamente equivocadas.

Colombia vivió ese fenómeno durante el gobierno de Gustavo Petro, toda vez, que la política de seguridad terminó edificándose sobre una serie de ilusiones que la realidad se encargó de desmontar.

La primera ilusión consistió en creer que ese enfoque idealista podía sustituir la capacidad coercitiva del Estado.

Se asumió que la disposición al diálogo bajo la supuesta “Paz Total” sería suficiente para modificar el comportamiento de organizaciones criminales cuya razón de existir depende del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y el control territorial.

El problema es que estas estructuras no interpretan los gestos de conciliación como oportunidades para construir paz, sino como espacios para reacomodarse y fortalecerse.

En seguridad, la credibilidad del Estado no depende únicamente de su capacidad para negociar, sino de su capacidad para imponer la ley.

La segunda ilusión fue pensar que disminuir la presión militar generaría automáticamente menos violencia.

La experiencia demostró exactamente lo contrario. Allí donde el Estado redujo su presencia, ese vacío fue ocupado por grupos armados organizados, las disidencias, el ELN o las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El territorio nunca permanece vacío, simplemente cambia el agente controlador.

La tercera ilusión fue creer que los grupos armados conservaban motivaciones esencialmente políticas. Hoy la mayor parte de estas organizaciones funcionan como verdaderas empresas criminales.

Su prioridad no es la reivindicación ideológica, sino la protección de economías ilegales que generan miles de millones de pesos.

Negociar con ellas sin afectar esas fuentes de financiación equivale a dejar intacto el incentivo que alimenta su expansión.

La cuarta ilusión fue confundir contención con control. Reducir operaciones ofensivas puede disminuir temporalmente las confrontaciones entre el Estado y los grupos ilegales, pero eso no significa que exista mayor seguridad para los ciudadanos.

Mientras algunos indicadores parecían estabilizarse, muchas comunidades comenzaron a experimentar un aumento de la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y las restricciones a la movilidad.

La ausencia de combates no equivale a la presencia efectiva del Estado.

La quinta ilusión fue relegar a la Fuerza Pública a un papel secundario dentro de la estrategia nacional.

Durante décadas, Colombia construyó instituciones militares y policiales con capacidades reconocidas internacionalmente para enfrentar amenazas complejas.

En lugar de fortalecerlas, el mensaje político transmitió incertidumbre, cambios en las reglas de empleo de la fuerza, generando dudas sobre su legitimidad, cortando la iniciativa operacional y reduciendo su protagonismo estratégico.

Cuando quienes deben ejercer la autoridad perciben incertidumbre sobre el respaldo institucional, la iniciativa termina favoreciendo a quienes desafían al Estado.

La sexta ilusión fue creer que la seguridad podía diseñarse desde el nivel central sin fortalecer suficientemente a gobernadores y alcaldes. Son las autoridades territoriales quienes conocen las dinámicas locales del delito, administran recursos de seguridad y coordinan la respuesta institucional.

Cuando esa articulación se debilita, la capacidad del Estado para anticipar y contener las amenazas también disminuye. La seguridad se construye desde los territorios.

Finalmente, la séptima ilusión consistió en creer que el discurso transforma por sí mismo la realidad.

Los anuncios, las narrativas y las consignas pueden movilizar opinión pública, pero no recuperan corredores estratégicos, no desmantelan economías criminales, ni devuelven la tranquilidad a las comunidades.

La seguridad se construye con inteligencia, presencia territorial permanente, investigación criminal, justicia eficaz y una Fuerza Pública respaldada política e institucionalmente.

Toda política pública debe partir de principios, pero ninguna sobrevive si ignoramos la realidad.

La seguridad exige hechos, porque enfrenta adversarios que no actúan movidos por ideales, sino por incentivos económicos, capacidad de intimidación y cálculo estratégico. Cuando un gobierno confunde deseos con estrategia, termina entregando ventajas precisamente a quienes pretende derrotar.

La mayor lección que deja este período es que las amenazas no desaparecen porque el Gobierno cambie su lenguaje frente a ellas. Desaparecen cuando encuentran una institucionalidad capaz de ejercer autoridad, recuperar el control del territorio y garantizar que la ley prevalezca sobre la violencia.

La paz duradera nunca será el resultado de una ilusión, será siempre la consecuencia de un Estado fuerte, legítimo y decidido a proteger a sus ciudadanos.

En ese contexto, el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella despierta una expectativa legítima de reencauzar la política de seguridad hacia una estrategia basada en el ejercicio de la autoridad, la recuperación del control territorial y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

El reto será enorme, porque reconstruir la seguridad siempre toma más tiempo que perderla, pero el país espera que el realismo vuelva a ocupar el lugar que nunca debió ceder frente a las ilusiones de Petro.

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