La democracia no admite excepciones

La segunda vuelta presidencial de 2026 dejó varias lecciones para Colombia. La primera: un país dividido prácticamente en dos mitades, con fuerzas políticas que demostraron un equilibrio electoral que pocos anticipaban.

La segunda: el desgaste acelerado de figuras políticas que hace apenas un año parecían llamadas a desempeñar un papel determinante en la disputa por el poder.

Pocas figuras representan mejor ese desgaste político que Claudia López.

Durante buena parte de 2025 era considerada una de las dirigentes con mayores opciones de convertirse en protagonista de la contienda presidencial.

Su reconocimiento nacional, la experiencia adquirida como alcaldesa de Bogotá y su capacidad para influir en la opinión pública la ubicaban entre las figuras con mayor proyección política del país.

Sin embargo, una sucesión de errores de cálculo terminó debilitando esa imagen.

Su aspiración presidencial nunca logró consolidarse y, con el paso de los meses, fue perdiendo protagonismo dentro de una contienda dominada por otros liderazgos.

Lo que inicialmente parecía una candidatura con posibilidades reales terminó alejándose de las expectativas que ella misma y sus seguidores habían construido.

Pero quizás la imagen más reveladora de ese desgaste fue verla respaldando a un candidato que durante meses dejó claro que podía avanzar sin ella.

Lo que pretendía ser una demostración de unidad terminó reflejando la disminución de la influencia política de quien alguna vez aspiró a convertirse en una alternativa nacional.

Más preocupante aún fue observar cómo, en la recta final de la campaña, algunas de sus actuaciones parecían responder más a la necesidad de recuperar protagonismo político que a la prudencia que exige un proceso electoral.

Cuando un liderazgo entra en declive, suele aparecer la tentación de realizar movimientos cada vez más arriesgados con la esperanza de volver a ser relevante.

Y precisamente allí es donde comienzan a cometerse errores que terminan agravando el problema.

Fue en ese contexto cuando ocurrió un episodio que merece una reflexión más profunda.

El pasado 20 de junio, a pocas horas de la jornada electoral, Claudia López publicó en la red social X un mensaje acompañado de imágenes relacionadas con tendencias de intención de voto.

La publicación generó una inmediata controversia y abrió un debate sobre los límites que establece la legislación electoral frente a la divulgación de este tipo de información en las horas previas a una elección.

La gravedad del episodio me llevó a presentar una queja formal ante el Consejo Nacional Electoral, convencido de que corresponde a esa autoridad determinar si la actuación se ajustó o no a las reglas que protegen la transparencia electoral.

En la denuncia señalé que la publicación no podía interpretarse únicamente como una opinión política, pues incorporaba elementos gráficos y datos que servían de soporte a la afirmación realizada por la exalcaldesa.

Como quedó consignado en el documento radicado ante el CNE: “la publicación no contiene únicamente una manifestación de opinión. Se adjuntan dos imágenes correspondientes a mediciones de intención de voto realizadas en fechas diferentes, las cuales utiliza como sustento de su afirmación realizada en el texto del trino”.

Más allá de la discusión jurídica, el episodio deja una pregunta de fondo: ¿por qué una dirigente política con amplia experiencia institucional decide acercarse a los límites de las reglas electorales precisamente cuando más debería contribuir a fortalecerlas?

Las restricciones sobre encuestas y sondeos no fueron creadas para limitar la libertad de expresión.

Su propósito es proteger la libertad del elector y evitar que información presentada como tendencia o percepción electoral pueda influir en la decisión de los ciudadanos durante las horas finales de una campaña.

La preocupación aumenta cuando este tipo de actuaciones se producen en un ambiente político donde ya existían cuestionamientos sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno Nacional en actividades con evidente contenido electoral.

La frontera entre la actividad institucional y la actividad política se volvió cada vez más difusa durante esta campaña, generando la percepción de que algunas reglas eran vistas como obstáculos y no como garantías democráticas.

Por eso resulta preocupante que algunos dirigentes parezcan asumir que las normas son exigibles únicamente para los demás.

La democracia pierde credibilidad cuando las reglas se aplican dependiendo de quién las incumpla.

Si una conducta es cuestionable cuando la realiza un adversario político, también debe ser objeto de examen cuando proviene de alguien con quien se comparte una visión ideológica.

No corresponde a esta columna declarar culpabilidades ni anticipar decisiones.

Esa responsabilidad le pertenece exclusivamente al Consejo Nacional Electoral.

Lo que sí corresponde es recordar que las instituciones existen precisamente para resolver este tipo de controversias y garantizar que todos los actores políticos actúen bajo las mismas reglas.

La discusión tampoco debe centrarse exclusivamente en Claudia López. Lo verdaderamente importante es el mensaje que recibe el país.

Colombia necesita dirigentes capaces de respetar las normas incluso cuando estas resultan incómodas para sus intereses políticos. Necesita coherencia entre el discurso y la actuación.

Porque la legitimidad democrática no se construye únicamente ganando elecciones. También se construye respetando las reglas que permiten realizarlas.

Las decisiones tienen efectos. Los errores políticos tienen costos. Y quienes durante años han reclamado respeto por las instituciones deben ser los primeros en honrarlas con su comportamiento.

Porque la fortaleza de una democracia no se mide cuando las reglas favorecen a quienes participan en la contienda.

La verdadera prueba ocurre cuando esas mismas reglas resultan incómodas y aun así se respetan.

Las instituciones existen precisamente para eso: para recordar que el poder tiene límites, que la democracia tiene normas y que la ley no distingue entre ciudadanos comunes y figuras públicas.

La confianza ciudadana en las instituciones no se erosiona únicamente por los grandes escándalos.

También se debilita cuando quienes han construido su liderazgo defendiendo las reglas parecen olvidar que esas mismas reglas también los obligan a ellos.

En una democracia auténtica no puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría frente a la ley.

Tampoco puede haber excepciones para quienes tienen influencia política, visibilidad pública o poder electoral.

Porque la democracia no admite excepciones.

Comments