Ocho años después, ¿dónde está la justicia que prometimos?

Hay preguntas que la política puede aplazar durante un tiempo, pero que tarde o temprano tiene que responder.

Una de ellas es esta: ¿qué pasó con la justicia que les prometimos a las víctimas del conflicto?

Han pasado casi diez años desde la firma del Acuerdo de Paz y ocho años desde que comenzó a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz.

En este tiempo hemos escuchado verdades importantes, hemos conocido responsabilidades que durante décadas permanecieron ocultas y hemos visto a miles de víctimas participar en los procesos de la justicia transicional.

Pero hay algo que no podemos perder de vista: para una víctima, conocer la verdad no siempre significa sentir que se hizo justicia.

Y esa diferencia merece una conversación seria.

No una conversación de partidos.

No una conversación entre quienes defienden la paz y quienes quieren la paz pero sin impunidad.

Una conversación sobre algo mucho más elemental: qué significa hacer justicia cuando quienes sufrieron los crímenes siguen esperando una respuesta.

La JEP no fue concebida como una justicia ordinaria.

Su modelo es restaurativo y busca verdad, reconocimiento de responsabilidad, reparación y garantías de no repetición.

La propia Jurisdicción explica que las sanciones pueden consistir en trabajos y obras con contenido reparador y restaurador, y que la indemnización económica corresponde a otras entidades del Estado.

Eso hay que reconocerlo.

Pero también hay que hacerse una pregunta incómoda: ¿el modelo diseñado en los escritorios ha logrado producir en los territorios la sensación de justicia que las víctimas esperaban?

En julio de este año, la JEP confirmó las primeras dos sentencias que permitieron avanzar hacia la ejecución de sanciones restaurativas: una relacionada con más de 21.000 secuestros atribuidos al antiguo Secretariado de las FARC y otra con 135 casos de ejecuciones extrajudiciales del Batallón La Popa.

Son decisiones importantes.

Pero también son decisiones que llegaron casi una década después de la firma del Acuerdo.

Y eso debería hacernos pensar.

Porque ocho años pueden ser un período administrativo.

Para una madre que espera saber qué ocurrió con su hijo, son una parte enorme de su vida.

Para una familia que lleva décadas buscando a un desaparecido, son años que no regresan.

Para una víctima de secuestro, desplazamiento o violencia sexual, la palabra “esperar” tiene un significado completamente diferente al que tiene para una institución.

Por eso me parece legítimo el cuestionamiento que desde el Congreso ha planteado la senadora María Clara Posada.

Ella ha puesto sobre la mesa el costo de la JEP y la cantidad de sentencias producidas frente al tiempo transcurrido, cuestionando que los resultados sean proporcionales al esfuerzo institucional y económico realizado por el Estado.

Podemos discutir sus conclusiones. Debemos hacerlo. Pero no deberíamos descalificar la pregunta.

Porque preguntar cuánto cuesta una institución pública y qué resultados está entregando no significa estar contra la paz.

Preguntar cuándo habrá justicia para las víctimas tampoco significa desconocer el Acuerdo.

Y exigir resultados no significa pedir que se abandone la justicia restaurativa.

Significa recordar para quién existe la justicia.

Hay además una preocupación que atraviesa buena parte de la discusión pública: la percepción de que las sanciones restaurativas no siempre corresponden a lo que la ciudadanía entiende como una condena ejemplar.

La JEP ha impuesto sanciones propias de hasta ocho años de trabajos restaurativos con restricciones de derechos.

En el caso del antiguo Secretariado de las FARC, por ejemplo, la sentencia estableció la máxima sanción propia para varios de sus integrantes.

Pero una cosa es lo que establece jurídicamente una sentencia y otra, igualmente importante, es cómo la recibe la víctima.

La justicia también necesita ser comprensible. Necesita ser visible. Necesita producir resultados que puedan tocarse, verificarse y reconocerse.

Porque si después de tantos años una víctima sigue preguntándose qué cambió realmente en su vida, tenemos un problema que no puede resolverse con estadísticas.

Y aquí aparece una responsabilidad enorme para Colombia.

No podemos permitir que la discusión sobre la JEP se convierta simplemente en una pelea entre defensores y críticos del Acuerdo de Paz.

La paz no debería tener dueño político. Tampoco la justicia. La paz pertenece a las víctimas.

Y precisamente por eso quienes creemos en la democracia tenemos derecho a exigir que funcione.

Tenemos derecho a preguntar cuánto tiempo más tendrán que esperar las víctimas.

Tenemos derecho a preguntar cuántas sanciones serán efectivamente ejecutadas.

Tenemos derecho a preguntar qué recursos se están destinando a la reparación y qué resultados concretos están llegando a los territorios.

Tenemos derecho a preguntar si las sanciones están siendo suficientemente contundentes para que la sociedad entienda que reconocer un crimen tiene consecuencias.

Y tenemos, sobre todo, la obligación de escuchar a quienes llevan años esperando.

En el Valle del Cauca y en el suroccidente sabemos que la violencia no fue una noticia lejana.

Aquí hubo secuestros. Aquí hubo desplazamientos. Aquí hubo asesinatos y desapariciones.

Aquí hay familias que todavía viven con preguntas que no han podido responder.

Por eso este debate no puede quedarse en Bogotá.

La justicia transicional tiene que ser capaz de mirar a los territorios y demostrar allí que la paz no fue solamente la firma de un documento.

Fue una promesa. Y las promesas del Estado tienen destinatarios. Son personas.Son familias. Son víctimas.

Ocho años después, no creo que sea demasiado pedir que empecemos a ver con mayor claridad dónde está la justicia que prometimos.

Porque una paz que logra callar los fusiles, pero no logra responderle suficientemente a quien perdió a un ser querido, queda incompleta.

Y una justicia que tarda demasiado corre el riesgo de llegar cuando la esperanza de quienes la esperaban ya se ha agotado.

La paz necesita verdad. Pero también necesita justicia.

¡Y las víctimas no deberían tener que escoger entre las dos!

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