Menos protagonismo presidencial y más ofensiva contra el crimen

Los megaoperativos contra la delincuencia urbana que viene encabezando el presidente Abelardo De la Espriella en diferentes ciudades plantean una reflexión sobre el papel que debe cumplir el jefe de Estado en la lucha contra el crimen.

Las intervenciones policiales son necesarias, pero ¿debe estar presente el presidente de la República para que se realicen con semejante despliegue?

La ofensiva contra atracadores, bandas dedicadas al hurto y demás organizaciones delincuenciales debe mantenerse con toda la capacidad de las autoridades, pues los ciudadanos necesitan recuperar la tranquilidad en las calles y contar con una Policía que actúe de manera permanente contra quienes amenazan su seguridad.

Precisamente por eso, estos operativos no deberían depender de las visitas presidenciales.

Si existe la capacidad institucional para desplegar centenares de uniformados, realizar controles y perseguir estructuras criminales cuando está presente el mandatario, esa misma operatividad debería mantenerse cuando él no esté.

El presidente tiene la responsabilidad de definir la política de seguridad, establecer prioridades, garantizar recursos y exigir resultados.

Su papel no consiste en encabezar personalmente la persecución de ladrones de relojes o atracadores, sino en conseguir que las instituciones encargadas de combatirlos funcionen eficazmente en todo el territorio nacional.

Además, Colombia enfrenta amenazas de una dimensión mucho mayor, como las organizaciones armadas ilegales, el narcotráfico y las estructuras criminales que disputan el control territorial.

Son desafíos que requieren decisiones estratégicas, coordinación institucional y una conducción permanente desde el más alto nivel del Estado.

La presencia presidencial en los operativos puede transmitir un mensaje de autoridad y compromiso.

Sin embargo, cuando se repite como fórmula, corre el riesgo de convertir una tarea que debería ser rutinaria para la Policía en un acontecimiento mediático cuya importancia parece depender de quién aparece encabezándolo.

El gobierno de De la Espriella ha puesto la seguridad en el centro de su agenda y eso es positivo.

El desafío ahora es convertir esa prioridad en una política sostenida, con objetivos claros, seguimiento y resultados verificables, más allá de las intervenciones que cuentan con la participación directa del mandatario.

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