Una Constituyente innecesaria e inoportuna

La decisión del presidente Gustavo Petro y su gabinete de firmar la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente abre un debate que el país no puede eludir: Más allá de la legalidad del mecanismo, contemplado en la Constitución y en la ley, la pregunta de fondo es si Colombia realmente necesita una nueva Constituyente.

La respuesta, a la luz de la historia reciente y de la propia Constitución de 1991, es clara: no.

La Carta del 91 consagró herramientas suficientes para impulsar reformas profundas. El propio Petro, cuando era candidato, defendía que esa Constitución ofrecía los instrumentos necesarios para transformar el país.

Sin embargo, ya en el poder, cambió de postura y hoy plantea que existe un “bloqueo institucional” que solo podría superarse activando el poder constituyente.

Esa narrativa desconoce un principio básico de la democracia: ningún gobierno tiene derecho automático a que se le apruebe todo lo que propone.

El Congreso está llamado a debatir, modificar o rechazar proyectos según su criterio. Algunas reformas del actual gobierno fueron aprobadas, como la laboral y otras no prosperaron.

Eso no constituye un bloqueo, es el funcionamiento normal del sistema de pesos y contrapesos.

A ello se suma la inoportunidad política del momento. La recolección de firmas inicia justo cuando el país entra de lleno en la campaña para elegir nuevo Congreso y nuevo presidente.

La coincidencia no pasa inadvertida. ¿Se trata realmente de un debate estructural o de una estrategia para poner a todo el gobierno en modo campaña?

La convocatoria de una Constituyente, además, abre interrogantes que trascienden el debate técnico.

¿Cuál sería el verdadero alcance de esa asamblea? ¿Se limitaría a los temas anunciados o terminaría tocando aspectos sensibles como la arquitectura institucional y las reglas de permanencia en el poder? La sospecha de que detrás de esta iniciativa pueda existir la intención de habilitar la reelección presidencial no es menor, especialmente en un país donde la experiencia en esa materia dejó profundas divisiones.

Colombia enfrenta retos económicos, sociales y de seguridad que exigen estabilidad institucional, no incertidumbre. Abrir un proceso constituyente en plena coyuntura electoral introduce un factor adicional de polarización y distrae la atención de los problemas urgentes.

La Constitución del 91 no es el obstáculo; es el marco que ha permitido la alternancia en el poder y la garantía de derechos.

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