No más ceses que sólo cumple la Fuerza Pública

El decreto que prorroga por un mes el cese “bilateral” con una fracción del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc es una decisión tan contradictoria como peligrosa.

Contradictoria, porque mientras se anuncia el fin del cese con el bloque Magdalena Medio, se firma la suspensión de operaciones militares y policiales contra otros frentes de la misma organización.

Y peligrosa, porque repite una fórmula que ha fracasado una y otra vez: conceder espacios, tiempos y ventajas a grupos armados que no tienen ninguna voluntad real de paz.

Los ceses “bilaterales” han sido un salvavidas para estructuras criminales que los utilizan para expandir su poder territorial, afianzar el control sobre economías ilegales, rearmarse, reclutar y someter a las comunidades. Basta ver lo ocurrido en el Cauca o el Catatumbo: en esos territorios, lejos de reducirse la violencia, aumentó.

Los ilegales imponen toques de queda, cobran extorsiones y ejecutan asesinatos selectivos mientras el Estado permanece pasivo por decisión del Gobierno.

Insistir en ceses “bilaterales” sin verificación ni consecuencias para quienes incumplen, envía un mensaje de debilidad institucional que puede ser interpretado por otros actores armados como una invitación a presionar al Estado mediante la violencia.

Esta permisividad termina deslegitimando a las fuerzas militares, frena su capacidad operativa y deja a las comunidades abandonadas a su suerte.

Mientras no haya sanciones claras para quienes violan los acuerdos, y mientras el Estado no garantice seguridad con presencia integral, cada tregua parcial se convertirá en un incentivo para que el crimen se disfrace de interlocutor político sin dejar las armas.

El país no necesita más promesas vacías: necesita autoridad, coherencia y resultados reales.

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