El paro armado y la ausencia del Estado

El paro armado “decretado” por el ELN en el Chocó no es solo una acción de presión armada. Es, ante todo, una agresión directa contra la población civil.

Más de 6.000 personas en 26 comunidades del Bajo Baudó permanecen confinadas, sin posibilidad de movilizarse, trabajar o acceder a servicios básicos.

Esta restricción ilegal afecta la vida cotidiana de comunidades indígenas y afrodescendientes que dependen de estos corredores para subsistir.

Se vulneran derechos fundamentales como la movilidad, la alimentación, la salud y la educación.

Lo que ocurre en el Chocó es grave y no puede normalizarse. Un grupo armado ilegal decide, de facto, quién puede moverse, quién puede trabajar y quién puede vivir con normalidad.

Ese nivel de control territorial refleja una realidad preocupante: la ausencia efectiva del Estado en amplias zonas del país.

El problema no es nuevo, pero sí se ha profundizado. Cuando estas organizaciones actúan con la certeza de que no serán enfrentadas con contundencia, amplían su poder, consolidan su presencia y terminan sometiendo a la población civil.

El uso de paros armados como mecanismo de control demuestra esa capacidad. No se trata solo de acciones militares, sino de estrategias para dominar territorios y economías ilegales, todo a costa de las comunidades más vulnerables.

Las alertas de la Defensoría del Pueblo son claras, se están vulnerando derechos fundamentales y las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las zonas afectadas, incluso se han registrado ataques con explosivos lanzados mediante drones, lo que evidencia un nivel de sofisticación preocupante.

Frente a este escenario, la respuesta del Estado no puede ser insuficiente ni tardía. La protección de la población civil debe ser prioritaria y eso implica recuperar el control territorial con acciones coordinadas y efectivas de la fuerza pública.

El país no puede aceptar que grupos armados impongan condiciones de vida a miles de ciudadanos. Cada día que pasa sin una respuesta contundente, estas organizaciones ganan terreno y fortalecen su capacidad de intimidación.

La seguridad será uno de los grandes desafíos del próximo gobierno. Tendrá que asumir con claridad la tarea de enfrentar a las estructuras criminales y restablecer la autoridad del Estado en los territorios donde hoy no existe.

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