Invasiones en Cali: ¿Qué está fallando?

Los recientes intentos de invasión en los cerros del norte de Cali, en sectores como Chipichape y Golondrinas, vuelven a poner sobre la mesa un problema que dejó de ser aislado para convertirse en una señal de alerta sobre el control del territorio en la ciudad.

Las denuncias del congresista Cristian Garcés apuntan a un punto de fondo que no puede ignorarse: más allá de las normas existentes, algo está fallando en la capacidad institucional para actuar de manera oportuna y efectiva frente a estas ocupaciones ilegales.

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más visible. Las invasiones avanzan hacia zonas ambientalmente sensibles y de alto valor estratégico, mientras las respuestas de las autoridades no logran frenar el fenómeno ni enviar un mensaje claro de control.

Lo más preocupante es la percepción de desarticulación institucional. Alcaldía, Secretaría de Seguridad, Planeación, Policía, notarías, curadurías y juzgados tienen responsabilidades directas en distintas etapas del proceso de invasión.

Sin embargo, según lo señalado, esas acciones no parecen estar coordinadas ni se están ejecutando con la contundencia que la situación exige.

Las fallas operativas también generan inquietud. Las denuncias ciudadanas sobre la falta de reacción oportuna de la Policía, así como la errada interpretación de que en predios privados no se puede actuar, evidencian vacíos que deben ser aclarados y corregidos.

A esto se suma un elemento aún más delicado: los señalamientos sobre posibles redes ilegales que estarían facilitando o promoviendo las invasiones desde dentro de algunas instituciones.

Si esas denuncias tienen sustento, el problema deja de ser únicamente de gestión para convertirse en un asunto de corrupción que requiere investigación inmediata.

El fenómeno, además, no puede analizarse de manera aislada. Como se ha advertido, las invasiones pueden estar conectadas con economías ilegales como el microtráfico, el sicariato o el cobro extorsivo, lo que implica un riesgo mayor para la seguridad de la ciudad.

Las consecuencias ya son evidentes. Se afecta el derecho a la propiedad, se deteriora el medio ambiente en zonas de ladera y reserva, y se envía un mensaje de permisividad frente a la ilegalidad.

Por eso el llamado es claro: Todas las autoridades involucradas deben adelantar una revisión interna rigurosa que permita identificar en qué punto del proceso se está fallando, quiénes no están cumpliendo su función y qué correctivos deben adoptarse de inmediato.

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