La descertificación hace parte de la herencia de Petro

La decisión de Estados Unidos de mantener descertificada a Colombia en la lucha contra las drogas llega cuando el gobierno del presiente Abelardo De la Espriella apenas completa poco más de un mes.

Por eso resulta indispensable mirar qué período fue evaluado.

La medición comprende de septiembre de 2025 a septiembre de 2026.

Es decir, prácticamente todo corresponde al gobierno de Gustavo Petro.

Washington atribuyó su determinación al crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína durante la administración anterior y señaló expresamente que ambos alcanzaron niveles récord bajo sus políticas.

Al mismo tiempo, reconoció el cambio de orientación anunciado por el nuevo gobierno y dejó abierta la posibilidad de revisar la calificación si obtiene resultados.

Durante el gobierno Petro, la “paz total” estableció ceses al fuego y abrió negociaciones con distintas organizaciones armadas.

Sus defensores sostuvieron que esa estrategia buscaba reducir la violencia y facilitar acuerdos, cosa que no ocurrió.

Lo que sí pasó es que estas estructuras aprovecharon esos espacios para fortalecerse territorialmente y expandir sus negocios ilícitos.

Con una fuerza pública maniatada por el Gobierno y sin erradicación de cultivos, estos grupos tuvieron el camino libre para hacer de las suyas.

Ahora el problema lo hereda Colombia entera. De la Espriella ha planteado una estrategia diferente, centrada en recuperar la ofensiva contra las organizaciones criminales.

Ese rumbo tendrá que traducirse en resultados verificables: menos coca, menor producción de cocaína, destrucción de infraestructura narcotraficante, capturas, incautaciones y recuperación del control territorial.

Porque hoy el narcotráfico está articulado con disidencias, guerrillas y otras organizaciones criminales que controlan cultivos, laboratorios y corredores.

La descertificación, entonces, no debe convertirse simplemente en una discusión sobre culpas políticas.

El dato objetivo es que la evaluación corresponde principalmente al gobierno anterior y el reto del actual es conseguir que la próxima sea diferente.

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