Elecciones bajo presión criminal

La cercanía de las elecciones legislativas y presidenciales encuentra al país en un escenario inquietante: faltan seis meses para las legislativas y ocho para la primera vuelta presidencial, y no existe una acción contundente del gobierno nacional contra los grupos criminales.

Estas organizaciones crecieron en control territorial y capacidad militar mientras la fuerza pública mantiene bajo una restricción tácita.

Esa ausencia de presión estatal alimenta escenarios que ya preocupan en varias regiones, al punto que el candidato a la Cámara Santiago Castro expresó una frase que encendió alarmas.

Dijo que esta podría ser la primera elección en la que el Estado, la subversión y el narcotráfico podrían votar del mismo lado.

El señalamiento puede ser extremo, pero refleja el clima actual. Si esto no es cierto, que ojalá no lo sea, el gobierno tiene la obligación de demostrarlo con hechos, y la única manera es garantizar que ninguna organización criminal interfiera en el proceso electoral.

Si hace cuatro años se denunciaron interferencias de grupos armados en las elecciones, hoy la situación es más compleja, porque estas estructuras duplicaron su control territorial y su pie de fuerza. Además, las economías ilegales aumentaron y les dieron más rentabilidad y poder.

Por eso muchos municipios viven bajo su presión, lo que podría incidir en la participación y en la orientación del voto.

Las elecciones de 2022 mostraron casos con votaciones inusitadas, participaciones atípicas y porcentajes extraordinarios por un solo candidato en departamentos como el Cauca, antecedentes que exigen vigilancia estricta.

¿El gobierno de Gustavo Petro, la subversión y el narcotráfico votarán del mismo lado? La coyuntura parece dar argumentos a quienes así lo sostienen y, si no es así, el gobierno debe aclarar y demostrar lo contrario, actuando con firmeza.

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