La ley que silenció las encuestas

Colombia llegó a la recta final de las elecciones presidenciales con un escenario paradójico: mientras crece el interés ciudadano por conocer el comportamiento electoral, cada vez hay menos firmas dispuestas a realizar y sobre todo, publicar encuestas.

La llamada ley de encuestas, que supuestamente buscaba fortalecer la transparencia y la confianza en las mediciones, terminó generando el efecto contrario.

Sin embargo, el problema no radica únicamente en mayores controles. Lo preocupante es que la reglamentación se volvió excesivamente restrictiva, poco práctica y profundamente anacrónica frente a la evolución tecnológica y metodológica que vive el mundo.

Pretender que las encuestas sigan realizándose únicamente bajo esquemas tradicionales presenciales desconoce por completo las nuevas herramientas estadísticas, digitales y telefónicas que hoy utilizan democracias modernas y que, en muchos casos, producen resultados igual o incluso más precisos.

Además, las restricciones para divulgar encuestas y las investigaciones abiertas contra firmas encuestadoras terminaron creando un ambiente de miedo.

Hoy da temor contratar, realizar o publicar encuestas en Colombia. El riesgo jurídico y económico aumentó hasta tal punto que varias firmas prefieren abstenerse de participar en el mercado electoral antes que exponerse a sanciones o investigaciones del Consejo Nacional Electoral.

En ese contexto, no resulta exagerado que muchos sectores ya hablen de una “ley mordaza”.

Porque una cosa es mejorar los estándares técnicos y otra muy diferente es cerrar la competencia, restringir la circulación de información y dejar las mediciones prácticamente en manos de unas pocas empresas con gran capacidad económica para asumir los altísimos costos de las encuestas presenciales.

Hoy las redes sociales y los entornos digitales modifican rápidamente las preferencias electorales y muchos votantes responden con mayor libertad en mecanismos no presenciales que en entrevistas cara a cara. Ignorar esa realidad es legislar mirando el pasado.

En consecuencia, la intención inicial de fortalecer la confianza terminó convirtiéndose en un claro ejemplo de cómo de buenas intenciones puede estar plagado el camino al infierno.

La regulación terminó debilitando el flujo de información y afectando el debate democrático en plena campaña presidencial.

Comments