Los grupos armados y las elecciones de 2026

La preocupación expresada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre una posible interferencia de grupos armados ilegales en las elecciones de 2026, es una alerta que no puede tomarse a la ligera.

Colombia, que ha sido ejemplo de estabilidad democrática en América Latina, enfrenta una amenaza real: la presión violenta sobre los votantes en regiones cada vez más dominadas por estructuras criminales.

El control territorial, las armas y los recursos de estos grupos les permiten ejercer poder sobre comunidades enteras.

La preocupación no es nueva, pero lo que se teme ahora es una injerencia a gran escala, pues el control territorial por parte de los grupos criminales creció y sigue creciendo durante el actual gobierno.

El constreñimiento armado no es un riesgo hipotético.

Ya se evidenció en las elecciones de 2022 con participaciones atípicas.

En municipios apartados y con alta presencia de grupos criminales en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, con votaciones que superaron el 80% del potencial electoral.

Estas cifras, inusuales en regiones rurales con difícil acceso, favorecieron de forma abrumadora al entonces candidato Gustavo Petro.

¿Es mera coincidencia?

La situación actual obliga a que el país defienda su democracia con acciones.

Hay que garantizar el voto libre, sin presiones ni amenazas.

Esto exige presencia institucional, garantías de seguridad y seguimiento internacional, pues los colombianos deben acudir a las urnas por convicción, no por miedo ni imposición.

De cara a las elecciones de 2026, el reto más urgente es asegurar que la voluntad popular no sea sustituida por la intimidación armada.

Cuidar la democracia implica evitar que los violentos decidan por los ciudadanos.

La alerta ya fue lanzada.

Ignorarla sería una irresponsabilidad histórica.

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