Desacreditar el sistema electoral, un juego peligroso

¿Cuál es el interés del presidente Gustavo Petro en desacreditar el sistema electoral colombiano? Ese mismo sistema le dio garantías para ser elegido concejal, representante a la Cámara, senador y, finalmente, presidente de la República.

No se trata de un actor que haya sido excluido o marginado por las reglas institucionales; por el contrario, es uno de los principales beneficiarios de ellas.

Por eso resulta contradictorio que, previo a las elecciones de este año, el mandatario denuncie anticipadamente supuestos fraudes que ninguna autoridad electoral ni los organismos de control han confirmado.

El presidente habla de “persistencia del fraude electoral”, cuestiona el software de preconteo utilizado desde 2014 y afirma tener pruebas de irregularidades incluso en las elecciones de 2022, en las que él mismo resultó y su coalición resultaron ganadores.

El problema no es que un presidente exija transparencia; eso es legítimo y deseable. El problema es sembrar dudas generalizadas sobre la legitimidad del sistema sin que exista un pronunciamiento judicial que respalde esas acusaciones.

Más aún cuando se trata de un jefe de Estado que, como gobierno nacional, está llamado a ofrecer garantías a todos los actores políticos que participarán en el proceso electoral.

¿Ante una posible derrota en las elecciones que se avecinan, el mandatario está ambientando el escenario para desacreditar el resultado? Ese camino es peligroso.

Deslegitimar anticipadamente el sistema puede abrir la puerta al desconocimiento de los resultados y a escenarios de confrontación social.

Y mientras el presidente centra su atención en un supuesto fraude tecnológico, otras amenazas reales pesan sobre las elecciones.

Entidades como la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral han advertido sobre la incidencia de grupos criminales en ciertos territorios donde ejercen control y pueden influir en el voto. Esa es una preocupación tangible, vinculada al orden público y a la seguridad de los ciudadanos.

Si el gobierno quiere garantizar elecciones limpias, su prioridad debería ser fortalecer la institucionalidad, asegurar presencia estatal en zonas críticas y coordinar con las autoridades electorales mecanismos de verificación transparentes.

Desacreditar el sistema desde la Presidencia no fortalece la democracia, la debilita, porque estimula la desconfianza.

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