Por fin la seguridad vuelve a ser prioridad

Si algo necesitaba Colombia era que la seguridad volviera a ocupar el lugar que nunca debió perder dentro de las prioridades del Estado.

Los anuncios hechos por el presidente Abelardo De la Espriella durante su posesión, sumados a los compromisos que asumió durante la campaña, permiten mirar con esperanza una política que durante los últimos cuatro años prácticamente desapareció de la agenda nacional.

El gobierno del expresidente Gustavo Petro dejó un país más inseguro. No solo porque el crimen organizado fortaleció su presencia territorial y aumentó su capacidad de daño, sino porque también se instaló un discurso que terminó romantizando la delincuencia, tanto la organizada como la común.

Se justificó al delincuente, se relativizó la autoridad y se enviaron señales equivocadas a quienes viven al margen de la ley.

Recuperar el terreno perdido no será una tarea sencilla, cuatro años de decisiones equivocadas no se corrigen en unos cuantos meses.

El fortalecimiento de las organizaciones criminales exige una respuesta firme, sostenida y coherente.

Precisamente por eso resulta acertado que el nuevo gobierno anuncie una ofensiva contra el crimen organizado, el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la construcción de megacárceles para recluir a los delincuentes más peligrosos y reformas que permitan una judicialización más rápida y efectiva.

No se trata de promover la represión por la represión, sino de restablecer un principio básico de cualquier sociedad democrática: quien viola la ley debe responder ante la justicia.

La generación de oportunidades sociales es indispensable y debe seguir fortaleciéndose, pero la falta de oportunidades no puede seguir utilizándose como argumento para justificar el delito ni para minimizar el daño que causa a millones de ciudadanos honestos.

Colombia necesita volver a enviar un mensaje claro: el Estado está del lado de las víctimas y de los ciudadanos que cumplen la ley, no de quienes la violan.

Los delincuentes deben volver a temerle a la autoridad, a la justicia y a las consecuencias de sus actos. El país tiene derecho a recuperar la tranquilidad.

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