Ni un impuesto más para los colombianos

El proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella constituye una amenaza para el bolsillo de los colombianos y contradice su promesa de campaña de no aumentar los impuestos.

Colombia no puede admitir más cargas tributarias, ni para las personas naturales ni para las empresas.

La propuesta contempla elevar del 5% al 19% el IVA de productos cotidianos como café, azúcar, aceites, pastas y chocolate.

También modificaría el tratamiento tributario de frutas, verduras y otros alimentos, además de aumentar las obligaciones de renta para determinados contribuyentes. La clase media sería una de las grandes perjudicadas.

Es cierto que el Gobierno propone devoluciones del IVA a sectores vulnerables y algunos recortes al gasto público.

Sin embargo, esas medidas no eliminan el impacto de encarecer productos esenciales ni justifican exigir nuevos sacrificios a quienes ya sostienen buena parte de las finanzas nacionales.

El presidente De la Espriella debe honrar su palabra.

La crisis fiscal heredada del gobierno de Gustavo Petro exige creatividad, responsabilidad y decisiones difíciles, no la salida facilista de trasladarles el problema a los contribuyentes.

Lo primero debe ser reducir el tamaño y el costo del Estado.

Sobran preguntas sobre entidades con funciones duplicadas, nóminas excesivas, contratos innecesarios, representaciones diplomáticas injustificadas y privilegios de altos funcionarios.

Antes de pedir más dinero, el Gobierno debe demostrar que administra con austeridad el que ya recibe.

También debe enfrentar decididamente la corrupción.

El Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025 recogió una estimación de pérdidas cercanas a $50 billones anuales por este flagelo.

¿Y si en lugar de poner a los ciudadanos a pagar más, se cierra la llave de la corrupción?

Profundizar los recortes, recuperar la cartera estatal, fortalecer la Dian contra la evasión, eliminar entidades ineficientes y vender bienes improductivos y activos incautados al narcotráfico son alternativas que deben evaluarse antes de aprobar nuevos tributos.

Una reforma que aumenta impuestos sin resolver estructuralmente el despilfarro solo aplaza la crisis.

Colombia necesita un Estado que cueste menos, funcione mejor y combata la corrupción.

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