¿Un gobierno por encima de la ley?

La reciente renuncia de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien denunció haber recibido presiones indebidas para realizar nombramientos y traslados carcelarios que consideraba contrarios a la legalidad, no es un hecho aislado.

Tal como lo documentó La Silla Vacía, al menos cinco altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro han salido del Ejecutivo por situaciones similares: solicitudes, presiones o exigencias que rebasaban sus funciones, su criterio profesional o, incluso, la ley.

Las denuncias de Buitrago se suman a las de Luis Carlos Reyes, Cecilia López, Jairo Villabona y Martha Lucía Zamora.

Todos salieron por la misma puerta: la del desacuerdo con prácticas que entendieron como una ruptura con la institucionalidad.

La respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido siempre la misma: el silencio o la negación, como si el problema fueran los funcionarios que renuncian, y no las razones que los llevan a hacerlo.

Estas señales preocupan. Porque no se trata solo de un estilo de gobernar, sino de una forma de entender el poder.

Una forma en la que las instituciones parecen estorbo, la ley una barrera opcional, y la discrepancia una traición.

El presidente Petro ha elevado su voluntad a una suerte de verdad política absoluta, donde lo que él cree conveniente debe ser ejecutado sin cuestionamientos, y donde toda oposición —incluso técnica o jurídica— se tilda de traición al pueblo o golpe de Estado.

La discusión reciente de la reforma laboral y la consulta popular lo demuestra. El Gobierno no espera a que el Congreso delibere: lo presiona de antemano, lo acusa, lo señala. Así no funciona una democracia.

Lo que estamos viendo no son errores de forma. Son advertencias de fondo.

Comments