¿Habrá elecciones libres en el Cauca?

A un mes de las elecciones legislativas y a tres meses de la primera vuelta presidencial, el Cauca vuelve a encender todas las alarmas democráticas.

El más reciente mapa de riesgos electorales de la Misión de Observación Electoral confirma lo que desde hace tiempo se advierte: en este departamento, la democracia compite en clara desventaja frente al control territorial que hoy ejercen los grupos armados ilegales.

No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno que se profundizó. Diecinueve municipios aparecen en riesgo extremo, con presencia armada, restricciones a la participación política y amenazas directas a la transparencia del voto.

Más grave aún, varios de estos territorios pasaron en pocos años de no registrar riesgos significativos a convertirse en focos críticos. El mensaje es claro: el poder de los grupos criminales creció y el Estado retrocedió.

El Cauca siempre enfrentó problemas de orden público, pero lo que hoy se vive responde a un contexto político concreto.

El gobierno del presidente Gustavo Petro permitió, con decisiones y omisiones, que organizaciones armadas ilegales ampliaran su control territorial.

Los ceses al fuego incumplidos, la falta de confrontación efectiva y la ausencia de una recuperación real del territorio crearon el escenario perfecto para que estos grupos impongan reglas, silencien voces y condicionen el comportamiento electoral de comunidades enteras.

En este punto, la pregunta es inevitable y debe formularse sin rodeos: ¿a qué partidos y a qué candidatos les conviene que los grupos armados tengan control de amplias zonas del país en plena campaña electoral?

No hay que ser adivino para entender que allí donde manda el fusil, el voto deja de ser libre y se convierte en un instrumento al servicio de intereses criminales y políticos.

El riesgo no es solo la abstención por miedo. La experiencia muestra que en algunos territorios la violencia convive con altos niveles de participación, una señal clara de coacción e instrumentalización del voto. Eso no es democracia, es simulación electoral.

El Estado todavía tiene una oportunidad, aunque el tiempo sea corto. Fortalecer la presencia institucional, desplegar a la Fuerza Pública y garantizar condiciones reales de seguridad es una obligación inaplazable.

Si el gobierno no evita la injerencia armada en las elecciones, ya no se podrá hablar de simple omisión. Será legítimo preguntarse si se trata, lisa y llanamente, de complicidad.

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