De Miguel Uribe a Mileidy Villada, ¿Oposición en peligro?

El asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Yurani Villada, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de los dirigentes políticos en Colombia.

Las denuncias posteriores del personero municipal, quien advirtió que más del 70% de los concejales de ese municipio están amenazados por estructuras criminales, muestran hasta qué punto la violencia sigue condicionando la vida democrática en el país.

Sin embargo, el problema va mucho más allá de un caso aislado. Los panfletos difundidos contra concejales, las intimidaciones y las restricciones para hacer política en determinados territorios reflejan un deterioro preocupante del orden público, precisamente en medio de una campaña presidencial.

Lo grave es que esta crisis ocurre mientras el presidente Gustavo Petro insiste en negar el caos de seguridad que vive el país.

En ese contexto, resulta imposible no recordar que el año pasado fue asesinado Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial de oposición y dirigente del Centro Democrático, en un crimen cuyos responsables pertenecían a estructuras criminales beneficiadas por medidas derivadas de la mal llamada “paz total”. Ese antecedente hace aún más delicada la situación actual.

Además, ya existen candidatos presidenciales que no han podido desarrollar campaña libremente en algunas regiones. Cuando un aspirante no puede recorrer territorios por amenazas o riesgos de seguridad, la democracia deja de competir en igualdad de condiciones.

Por eso, las denuncias sobre supuestas presiones de grupos criminales para orientar votos en favor del candidato del gobierno adquieren una dimensión aún más preocupante.

Aunque muchas de esas versiones no estén plenamente comprobadas, la acumulación de hechos violentos, amenazas y control territorial armado obliga a tomarlas con seriedad.

En consecuencia, surge una pregunta inevitable: ¿el gobierno Petro está garantizando realmente condiciones equitativas para todos los candidatos o la crisis de violencia está dejando en desventaja a la oposición? La obligación del Estado no es solo organizar elecciones, sino asegurar que puedan desarrollarse libres de intimidación y coerción armada.

Además, la violencia política no afecta únicamente a los candidatos, también pone en riesgo a concejales, líderes sociales, dirigentes regionales y ciudadanos que acompañan proyectos políticos en territorios donde grupos ilegales imponen miedo y control.

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