La salud necesita más recursos, pero también mejores decisiones

Por: Carlos Eduardo Pinzón Flórez.

Colombia necesita más recursos para su sistema de salud.

Pero antes de discutir cuánto dinero adicional debemos destinar, convendría responder una pregunta que hemos evitado durante demasiado tiempo: ¿estamos obteniendo los mejores resultados posibles con los recursos que ya invertimos? La crisis financiera, las dificultades de acceso y el crecimiento de las necesidades sanitarias exigen algo más que un rescate económico.

Necesitamos un acuerdo social sobre cuánto estamos dispuestos a financiar, qué resultados esperamos y cuáles son los límites legítimos de nuestras decisiones colectivas.

Colombia destina aproximadamente el 8,1 % de su producto interno bruto a salud, una proporción inferior al promedio de la OCDE, del 9,3 %, pero superior a la de México, cercana al 5,9 %, y Costa Rica, alrededor del 6,9 %.

Chile destina aproximadamente el 10,5 % y Alemania el 12,3 %.

Sin embargo, las diferencias son mucho más evidentes cuando examinamos los recursos disponibles por habitante: Colombia invierte alrededor de 1.877 dólares internacionales ajustados por poder adquisitivo, frente a 5.967 dólares del promedio de la OCDE.

Es decir, nuestro gasto por persona equivale aproximadamente al 31 % del promedio de esa organización.

No es solamente cuánto esfuerzo económico realizamos, sino cuántos recursos efectivos tenemos para atender las necesidades de nuestra población.

También es necesario distinguir cuánto cuesta la salud de cuánto aporta directamente la Nación.

En 2025, el Presupuesto General de la Nación destinó aproximadamente 67 billones de pesos al sector, mientras que el conjunto de recursos públicos y contribuciones parafiscales destinados al sistema se aproximó a 100 billones.

Por su parte, las cuentas satélite del DANE registraron 128,7 billones de pesos en ingresos de los esquemas contributivo, subsidiado y de seguros en salud.

Son magnitudes contables diferentes que no deben sumarse, pero muestran la dimensión de los recursos que moviliza nuestro sistema sanitario.

A pesar de este esfuerzo colectivo, las familias están asumiendo una carga creciente.

El gasto de bolsillo alcanzó aproximadamente 14,5 billones de pesos en 2024, equivalentes al 16,8 % del gasto corriente en salud, frente al 14,9 % registrado en 2022.

Aunque Colombia conserva una protección financiera relativamente favorable frente a países como México y Chile, donde los pagos directos de los hogares representan proporciones considerablemente mayores del gasto sanitario, la tendencia debería preocuparnos.

Cuando una familia debe comprar medicamentos, pagar consultas o acudir a servicios privados para superar barreras de acceso, una parte de la protección prometida por el aseguramiento deja de materializarse.

Las dificultades financieras son igualmente evidentes.

A junio de 2026, la cartera de 232 instituciones hospitalarias estudiadas por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas alcanzaba los 27,8 billones de pesos, de los cuales el 60,5 % correspondía a obligaciones en mora.

Por su parte, un análisis de los estados financieros de 23 EPS identificó pasivos cercanos a 40,35 billones y un déficit patrimonial agregado de aproximadamente 18,7 billones.

Estas cifras no son equivalentes ni pueden sumarse, pero reflejan las profundas tensiones que enfrentan la liquidez, la solvencia y la sostenibilidad del aseguramiento.

Sin embargo, la verdadera dimensión del desafío aparece cuando dejamos de observar exclusivamente los balances financieros y comenzamos a evaluar los resultados en salud.

Colombia ha alcanzado una cobertura de aseguramiento prácticamente universal, cercana al 99 %.

Pero estar afiliado no significa necesariamente recibir atención oportuna ni lograr un control adecuado de la enfermedad.

La Cuenta de Alto Costo reportó más de 6,7 millones de personas con hipertensión arterial y 2,5 millones con diabetes mellitus durante el periodo 2025.

Entre las personas con hipertensión reportadas y evaluadas, el 64,9 % presentó cifras de presión arterial controladas.

En el régimen contributivo este indicador alcanzó el 66,9 %, mientras que en el subsidiado fue del 59,7 %.

La diferencia de 7,2 puntos porcentuales evidencia desigualdades en los resultados, aunque por sí sola no permite establecer sus causas.

Este es precisamente el problema de confundir cobertura nominal con cobertura efectiva.

Podemos garantizar afiliación, financiar consultas y registrar millones de procedimientos, pero si una proporción importante de los pacientes no alcanza las metas de tratamiento, debemos preguntarnos qué tan efectiva está siendo nuestra inversión.

Necesitamos medir control de la diabetes, supresión viral en personas con VIH, detección temprana de cáncer, continuidad terapéutica y reducción de hospitalizaciones evitables.

La pregunta fundamental no es solamente cuántas personas entran al sistema, sino cuántas consiguen mejorar efectivamente su salud.

En este escenario, el Gobierno ha impulsado un Plan de Choque y presentado un proyecto de Ley de Rescate Económico que contempla nuevas fuentes de financiación mediante ajustes en cotizaciones, destinación de aportes y medidas tributarias, entre otras disposiciones.

Su alcance definitivo dependerá del trámite legislativo.

Sin embargo, antes de discutir cuánto dinero adicional podría ingresar, deberíamos construir un consenso sobre las prioridades de su utilización.

La primera prioridad debe ser garantizar la suficiencia técnica de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

No podemos exigir a los aseguradores que garanticen prestaciones cuyo costo esperado supere sistemáticamente los recursos disponibles.

Pero tampoco podemos asumir que cualquier incremento de la UPC resolverá por sí solo los problemas de gestión.

Su cálculo debe fundamentarse en información epidemiológica, utilización efectiva, costos eficientes, cambios demográficos e incorporación de tecnologías.

Necesitamos datos auditables, metodologías transparentes y mecanismos de ajuste por riesgo que reconozcan las diferencias entre poblaciones y territorios.

Una UPC técnicamente sustentada debe acompañarse de responsabilidades verificables sobre acceso, calidad, solvencia y resultados.

La segunda prioridad es mejorar la calidad y efectividad de los servicios de salud pública.

Colombia necesita invertir más y mejor en prevención, vacunación, detección temprana, vigilancia epidemiológica, salud mental y control de enfermedades crónicas.

Pero también debemos superar la lógica de financiar actividades sin demostrar su impacto.

No basta con contar visitas, campañas o personas atendidas. Necesitamos saber cuántas complicaciones evitamos, cuántos diagnósticos anticipamos y cuánto reducimos las desigualdades.

La salud pública requiere financiación estable, talento humano competente, sistemas de información interoperables y evaluaciones independientes que permitan reconocer qué intervenciones funcionan.

La tercera prioridad es optimizar los recursos destinados a la medicina curativa.

La atención hospitalaria, los medicamentos y las tecnologías especializadas son indispensables, pero debemos reducir procedimientos innecesarios, duplicidades diagnósticas, hospitalizaciones evitables y variaciones injustificadas de la práctica clínica.

Esto exige fortalecer las guías basadas en evidencia, la auditoría clínica, la gestión farmacoterapéutica y los mecanismos de pago que reconozcan resultados relevantes para los pacientes.

Gastar más no siempre significa producir más salud.

El desafío consiste en identificar dónde cada peso genera mayor beneficio clínico y social.

La cuarta prioridad es combatir la corrupción y cerrar las oportunidades de captura de los recursos sanitarios.

Ninguna reforma financiera será sostenible si persisten espacios para la contratación direccionada, la facturación fraudulenta, los conflictos de interés no gestionados, la intermediación injustificada o la apropiación indebida de recursos públicos.

La corrupción no es solamente un problema ético: reduce la capacidad del sistema para garantizar atención y erosiona la confianza de los ciudadanos.

Por eso, Colombia necesita construir capacidades institucionales permanentes de integridad sanitaria.

No bastan nuevas prohibiciones ni investigaciones que comienzan cuando los recursos ya desaparecieron.

Se requieren procesos de trazabilidad del dinero desde su origen hasta el servicio efectivamente prestado, contratación transparente, interoperabilidad de información financiera y clínica, auditorías independientes basadas en riesgos y sistemas de alerta temprana para identificar transacciones atípicas.

También necesitamos fortalecer la capacidad técnica y la independencia de las instituciones de inspección, vigilancia y control, establecer mecanismos efectivos de recuperación de recursos y proteger a quienes denuncien irregularidades.

Estas capacidades deberían articular a la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, los organismos de control y las autoridades judiciales, con responsabilidades claramente delimitadas.

Una arquitectura de integridad sanitaria permitiría prevenir irregularidades, identificar riesgos oportunamente y sancionar conductas indebidas sin paralizar la prestación de servicios.

Pero incluso si lográramos una financiación adecuada, mejores servicios y un sistema más transparente, seguiría pendiente la discusión más difícil: el acuerdo social sobre los alcances y límites del derecho a la salud.

La medicina avanza a una velocidad extraordinaria. Cada año aparecen medicamentos, dispositivos, procedimientos y tecnologías que amplían las posibilidades de diagnóstico y tratamiento.

Algunos representan beneficios clínicos sustanciales; otros ofrecen mejoras marginales, evidencia insuficiente o costos difíciles de justificar frente a las alternativas existentes.

Ningún sistema dispone de recursos ilimitados para financiar indiscriminadamente todas las intervenciones posibles.

Colombia necesita fortalecer las instituciones y los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, particularmente la capacidad de producir y utilizar evidencia independiente sobre efectividad comparada, seguridad, valor terapéutico, costo-efectividad e impacto presupuestal.

El IETS, las autoridades regulatorias, las sociedades científicas, los pacientes y los responsables de las decisiones públicas deben participar en procedimientos transparentes, técnicamente sólidos y sujetos a rendición de cuentas.

También debemos explorar acuerdos de precio basados en resultados, mecanismos de negociación y reevaluación de tecnologías cuando aparezca nueva evidencia.

Y debemos reconocer una verdad incómoda: un sistema de salud responsable también tiene que aprender a decir no.

No a intervenciones que carecen de beneficio clínico demostrado.

No a prácticas innecesarias que exponen a los pacientes a riesgos sin mejorar sus resultados.

No a precios desproporcionados frente al valor terapéutico aportado.

No a financiar indiscriminadamente tecnologías de bajo valor mientras otras personas esperan intervenciones esenciales.

Ese no jamás debe convertirse en una negación arbitraria, una barrera administrativa o una excusa para desconocer derechos.

Debe surgir de decisiones públicas fundamentadas en evidencia, criterios de equidad, deliberación social y procedimientos legítimos, respetando las garantías de la Ley Estatutaria de Salud y las circunstancias clínicas individuales.

En este contexto también resulta indispensable discutir la judicialización de la atención.

La tutela ha sido una herramienta fundamental para proteger el derecho a la salud frente a negaciones y barreras injustificadas.

No debemos restringirla ni debilitar su protección constitucional.

Pero sí necesitamos instituciones capaces de resolver controversias oportunamente, proporcionar evidencia técnica independiente a los jueces y establecer criterios explícitos para las decisiones de cobertura.

Un sistema que garantiza efectivamente los derechos debería reducir la necesidad de acudir a los tribunales, no las posibilidades de protección de quienes los necesitan.

Todo esto nos conduce a una conclusión: el rescate económico debe acompañarse de un rescate institucional.

Necesitamos recuperar la suficiencia financiera, pero también fortalecer la capacidad del Estado para regular, evaluar, comprar estratégicamente, prevenir la corrupción y exigir resultados.

Necesitamos aseguradores capaces de gestionar riesgos, prestadores comprometidos con la calidad y autoridades sanitarias que puedan demostrar el impacto de sus decisiones.

El debate no debería enfrentar a quienes reclaman más recursos con quienes exigen mayor eficiencia.

Ambas condiciones son indispensables. Financiar insuficientemente el sistema compromete la atención; aumentar los recursos sin transformar los incentivos, fortalecer las instituciones y eliminar las oportunidades de corrupción puede reproducir los mismos desequilibrios.

Colombia tiene pendiente un gran acuerdo sanitario que trascienda gobiernos, aseguradores, prestadores y posiciones ideológicas.

Un acuerdo sobre cuánto estamos dispuestos a aportar, qué servicios garantizamos, cómo incorporamos la innovación, qué resultados exigimos y cuáles son los límites legítimos de las decisiones colectivas.

La salud necesita más recursos. Pero, sobre todo, necesita mejores decisiones, instituciones confiables y la valentía de reconocer que proteger el derecho a la salud también significa administrar responsablemente los recursos que pertenecen a todos.

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