Más allá de las reservas técnicas: la regulación prudencial que necesita Colombia

Por: Carlos Eduardo Pinzón Flórez

En las últimas semanas he seguido con atención el debate sobre las reservas técnicas de las EPS.

He escuchado afirmaciones según las cuales constituyen recursos inmovilizados que deberían destinarse inmediatamente al pago de hospitales y clínicas, e incluso propuestas orientadas a flexibilizar o eliminar los requerimientos prudenciales para aliviar la crisis financiera del sistema.

Después de analizar en detalle la evolución de los estados financieros de las principales EPS colombianas entre 2019 y 2025, estoy convencido de que esa discusión parte de un diagnóstico equivocado.

Las reservas técnicas no son el problema; son el indicador que mejor revela la profundidad de la crisis del aseguramiento en salud.

Los resultados del análisis muestran que el comportamiento de las reservas técnicas refleja un deterioro progresivo de la capacidad financiera del sistema.

En prácticamente todas las EPS evaluadas se observa un incremento sostenido de las reservas frente al costo total del aseguramiento.

Sin embargo, el hallazgo más relevante no es el aumento de su valor absoluto, sino la transformación de su composición y lo que esta revela sobre el funcionamiento del sistema.

Las reservas asociadas a obligaciones liquidadas pendientes de pago (LPP) se han convertido en el principal componente de la estructura prudencial de la mayoría de las EPS.

En varias entidades este rubro representa más del 85% del total de las reservas, mientras que las obligaciones ocurridas pero aún no conocidas (PNoC o IBNR), que constituyen el núcleo actuarial del aseguramiento, mantienen una participación mucho menor.

Esta transformación tiene una interpretación técnica inequívoca: el sistema está utilizando una proporción cada vez mayor de sus reservas para respaldar obligaciones plenamente identificadas que no han podido pagarse oportunamente.

En otras palabras, las reservas están dejando de reflejar la incertidumbre propia del riesgo en salud para convertirse en la manifestación del deterioro de la liquidez y del creciente rezago en el pago de las obligaciones asistenciales.

Los casos individuales ilustran la magnitud del fenómeno. En Sura EPS, el peso neto de las reservas técnicas pasó de 64,5 % del costo total del aseguramiento en 2019 a 91,7% en 2025.

Durante ese mismo período, las reservas por obligaciones liquidadas pendientes de pago crecieron de aproximadamente $2,8 billones a más de $10,1 billones, mientras que las reservas por obligaciones conocidas no liquidadas aumentaron de $348 mil millones a cerca de $1,16 billones.

En Mutual Ser EPS la tendencia fue similar. El peso neto de las reservas pasó de 72,9% a 79,7% del costo total, acompañado por un incremento de las reservas liquidadas pendientes de pago desde $1,05 billones hasta $3,62 billones entre 2019 y 2025.

En contraste, las reservas asociadas a eventos ocurridos pero aún no reportados permanecieron relativamente estables, confirmando que la principal presión financiera no proviene de la incertidumbre actuarial, sino de la acumulación de obligaciones conocidas sin capacidad de pago oportuno.

El análisis comparado también pone de manifiesto diferencias importantes en la calidad y consistencia del reconocimiento de las reservas técnicas entre las EPS.

Persisten divergencias metodológicas, particularmente en la estimación de las obligaciones conocidas no liquidadas y de las obligaciones liquidadas pendientes de pago, lo que limita la comparabilidad de la información financiera y evidencia la necesidad de fortalecer los estándares técnicos, la trazabilidad de los datos y la armonización de los criterios actuariales.

Estos hallazgos permiten concluir que la crisis del aseguramiento colombiano no puede explicarse únicamente por la insuficiencia de la UPC ni por problemas coyunturales de liquidez.

Lo que muestran las reservas técnicas es una acumulación progresiva de obligaciones que erosiona la solvencia, disminuye la capacidad del sistema para absorber nuevos riesgos y reduce su resiliencia frente a eventos extraordinarios.

Las reservas técnicas son, en realidad, el termómetro de una enfermedad mucho más profunda.

El verdadero debate que Colombia debería dar no es si deben mantenerse o eliminarse, sino cómo construir un régimen moderno de regulación prudencial que garantice la sostenibilidad del aseguramiento y proteja simultáneamente el derecho fundamental a la salud y la estabilidad financiera del sistema.

¿Qué debería hacer Colombia? Cinco reformas para fortalecer la sostenibilidad del aseguramiento en salud

Si el país quiere superar la crisis estructural del sistema de salud, la discusión no debe centrarse en eliminar o flexibilizar las reservas técnicas, sino en construir un nuevo marco de regulación prudencial que fortalezca la sostenibilidad del aseguramiento, independientemente del modelo institucional que adopte el país.

1. Crear un Régimen Prudencial del Sistema de Salud

Colombia necesita un régimen prudencial específico para el aseguramiento en salud, similar al existente en los sectores financiero y asegurador.

Este régimen debe definir estándares técnicos de patrimonio adecuado, liquidez, reservas técnicas, solvencia y gestión integral de riesgos para cualquier entidad que administre recursos del aseguramiento, sea una EPS, un gestor de salud o una entidad pública.

2. Modernizar el cálculo de la UPC con criterios actuariales

La suficiencia de la UPC debe estimarse mediante metodologías transparentes, independientes y actualizadas, incorporando cambios epidemiológicos, envejecimiento poblacional, innovación tecnológica, variaciones territoriales y tendencias reales de utilización de servicios.

Una prima insuficiente deteriora progresivamente la capacidad financiera del sistema y limita la constitución de reservas adecuadas.

3. Rediseñar las reservas técnicas como instrumento de estabilización del sistema

Las reservas técnicas deben evolucionar hacia un esquema más moderno que diferencie claramente las obligaciones ya conocidas, los eventos ocurridos pero no reportados y las reservas destinadas a enfrentar desviaciones extraordinarias de la siniestralidad.

Su regulación debe responder al nivel de riesgo asumido y contar con metodologías actuariales homogéneas para todas las entidades responsables del aseguramiento.

4. Crear un Fondo Nacional de Estabilización Prudencial en Salud

El sistema requiere un mecanismo permanente que permita absorber choques extraordinarios derivados de pandemias, emergencias sanitarias, incorporación de tecnologías de alto costo o incrementos inesperados del gasto.

Este fondo actuaría como un instrumento de estabilización macrofinanciera del aseguramiento y reduciría la necesidad de intervenciones fiscales de emergencia.

5. Evaluar integralmente la gestión del riesgo

La supervisión del aseguramiento debe dejar de concentrarse exclusivamente en indicadores financieros y evaluar de manera conjunta cuatro dimensiones fundamentales:

la gestión del riesgo en salud de la población;

la gestión del riesgo financiero;

la gestión del riesgo operacional;

los resultados en salud, calidad y experiencia de los usuarios.

Solo una evaluación integral permitirá identificar oportunamente las entidades que generan valor para el sistema y aquellas que requieren intervenciones tempranas.

Cerrar un debate para abrir otro más importante

Quizás ha llegado el momento de cerrar definitivamente la discusión sobre si las EPS son o no intermediarias financieras. Esa pregunta pertenece al pasado y difícilmente resolverá los desafíos del futuro.

La verdadera discusión consiste en definir cómo debe administrarse el riesgo en un sistema de aseguramiento moderno.

Cualquier entidad que reciba una prima prospectiva para garantizar un plan de beneficios deberá gestionar simultáneamente el riesgo en salud, el riesgo actuarial, el riesgo financiero y el riesgo operacional.

Las reservas técnicas son apenas uno de los instrumentos de esa arquitectura prudencial.

No son el problema ni la solución por sí mismas. Lo que Colombia necesita es una regulación moderna que garantice suficiencia financiera, capacidad de respuesta frente a la incertidumbre y mejores resultados en salud para la población.

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