El oficio de informar en un país que silencia

María Navarro

La muerte de Mateo Pérez no es un hecho aislado. En Colombia, nunca lo es. Detrás de cada periodista asesinado hay una historia que se repite, alguien que decidió contar aquello que otros querían mantener oculto.

Ayer fue Arauca, Putumayo, Caquetá, Córdoba o el Magdalena Medio; hoy es Yarumal. Cambian los territorios, cambian los grupos armados y cambian los gobiernos, pero el miedo sigue siendo el mismo.

A Mateo lo mataron por hacer periodismo. No por equivocarse, no por delinquir, no por “estar en el lugar incorrecto”.

Lo mataron porque investigaba economías ilegales, violencia armada y corrupción en una región donde la verdad vale menos que el oro que extraen de la tierra. Lo mataron porque en Colombia informar todavía puede convertirse en una sentencia de muerte.

Y esa es, quizás, la tragedia más profunda, crecer soñando con ejercer una profesión que históricamente ha enterrado a quienes la aman.

Ser periodista en este país implica aceptar una realidad. Sabemos que escribir puede incomodar a un político, a un paramilitar, a una disidente, a un narcotraficante o incluso al mismo Estado.

Sabemos que una cámara, un micrófono o una libreta pueden convertirse en objetivos militares.

Sabemos que muchos colegas han tenido que exiliarse para sobrevivir, abandonar su tierra, sus familias y hasta su identidad para seguir ejerciendo su oficio.

Entonces surge una pregunta inevitable: ¿Cómo puede hablarse de democracia en un país donde los periodistas deben huir para mantenerse vivos?

Colombia lleva décadas normalizando la violencia contra la prensa. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, más de 170 periodistas han sido asesinados desde 1977.

Pero detrás de cada cifra no hay solamente estadísticas, hay redacciones incompletas, familias destruidas y una verdad que intentaron silenciar.

Porque cuando asesinan a un periodista no sólo silencian a una persona, silencian testimonios, investigaciones, denuncias y memorias colectivas.

El problema también es estructural. El Estado que debería garantizar protección, suele llegar tarde, cuando llega.

Las alertas existen, las amenazas se denuncian, las regiones violentas están identificadas desde hace años, y aun así los periodistas siguen quedando solos frente a grupos armados que controlan territorios enteros.

Nos piden informar, pero no nos garantizan seguridad. Hablan de libertad de prensa mientras en muchas zonas del país ejercer periodismo sigue siendo un acto de valentía extrema, dicho de otra manera, casi un acto suicida. Y aun así seguimos escribiendo.

Tal vez porque el periodismo en Colombia también ha sido una forma de resistencia. Porque incluso en medio del miedo, hay quienes siguen entrando a territorios donde nadie más quiere estar.

Porque alguien tiene que documentar las desapariciones, las masacres, el desplazamiento, la corrupción y el abandono. Porque el silencio siempre termina favoreciendo a los violentos.

La muerte de Mateo duele más cuando uno estudia periodismo y puede convertirse en una posibilidad real.

Duele porque deja de ser una noticia distante y se transforma en un recordatorio brutal de la profesión que escogimos.

Escribir, informar y resistir sigue siendo una forma de dejar constancia de lo que ocurre en este país. Las palabras se convierten en archivo, en memoria y en prueba.

Son la evidencia de que hubo alguien dispuesto a contar la verdad, aunque intentaran callarlo. Y quizás ahí está el verdadero poder del periodismo, en negarse a desaparecer.

Cada periodista asesinado representa una derrota para la democracia. Un país que no protege a quienes investigan y denuncian termina condenado a convivir con la impunidad y el silencio.

Y una sociedad que se acostumbra a callar a sus periodistas empieza, lentamente, a renunciar a su derecho a conocer la verdad.