Impunidad: una justicia cada vez más lejana

Denunciar un delito debería ser un acto sencillo y protegido por el Estado. Así lo establece el Código Penal, que lo define como deber ciudadano y obligación estricta para los servidores públicos.

Pero entre la norma y la realidad hay una brecha creciente. Hoy, quien intenta denunciar no siempre encuentra orientación clara, sino trámites confusos, respuestas incompletas y obstáculos que desaniman incluso al más persistente nos volvimos víctimas del delito y del trámite

No siempre fue así. Durante años, acudir a la Fiscalía o a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) significaba poder hablar con un funcionario, exponer el caso y recibir instrucciones precisas.

El sistema de atención directa —aunque imperfecto— ofrecía algo fundamental: contacto humano. Esa cercanía generaba confianza y la percepción de que el proceso tenía un punto de partida definido.

Con la digitalización se prometieron eficiencia, agilidad y transparencia. La denuncia virtual se presentó como la gran solución.

Sin embargo, la experiencia de muchos ciudadanos ha sido distinta. Las plataformas suelen fallar, se bloquean a mitad del trámite o no permiten finalizar el registro.

En no pocos casos, el denunciante debe intentar varias veces o buscar ayuda externa para completar el proceso.

Aun cuando la radicación se logra, aparece otro problema: la falta de información posterior. El ciudadano queda a la espera de números de caso, asignaciones y respuestas que tardan más de lo razonable.

La tecnología, que debía simplificar, termina creando distancia y frustración.

Dentro de la institución la presión también es evidente. Los fiscales enfrentan cargas laborales que superan su capacidad operativa.

El volumen de procesos, sumado a limitaciones de personal y tiempo, hace que muchas investigaciones avancen con lentitud.

Sin el impulso técnico de un abogado de víctimas, numerosos casos pierden dinámica y se diluyen en la congestión.

El resultado es preocupante: crece la percepción de impunidad y se debilita la confianza ciudadana.

Cuando el acceso a la justicia se vuelve complejo, el mensaje que recibe la sociedad es contradictorio: existe el deber de denunciar, pero no siempre existen las condiciones para hacerlo de forma efectiva.

De ahí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿se denuncia por confianza en el sistema o simplemente para cumplir un requisito y evitar responsabilidades por omisión? Si el trámite se percibe como una carga y no como un derecho protegido, algo estructural está fallando.

La Fiscalía General de la Nación tiene el reto de cerrar esa brecha. No basta con modernizar plataformas; es necesario fortalecer la orientación al ciudadano, simplificar

rutas de atención y devolverle rostro humano al proceso. La eficiencia no debe medirse solo en sistemas implementados, sino en casos acompañados y resueltos.

La justicia no se fortalece únicamente con tecnología. Se fortalece con gestión, claridad y vocación de servicio.

Mientras ese equilibrio no exista, seguirá siendo un derecho lejano para muchos y una experiencia frustrante para quienes intentan ejercerlo.

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