La JEP debe responder por la plata y por los resultados

No soy magistrado ni experto en justicia transicional.

Soy un concejal que hizo lo que cualquiera que hace control político debería hacer: preguntar.

Hace unos días, radiqué derechos de petición, revisé contratos y contrasté las cifras oficiales de la propia JEP.

Partí de una pregunta: ¿Que ha hecho esta institución desde que fue creada y qué ha hecho con los recursos que los colombianos le han entregado año tras año?

Hay que empezar por desmontar un engaño, una afirmación que se ha repetido en los últimos días: “que a la JEP la quieren asfixiar”.

Los números oficiales cuentan otra historia. El presupuesto de la JEP pasó de $132.000 millones en 2018 a una proyección de $821.000 para el 2027: el presupuesto más alto de toda su historia.

Lo que ocurrió es que la entidad solicitó aún más – $947.000 millones- A eso le llaman “asfixia”.

Pero el asunto no termina en cuánto recibe la JEP, sino en cómo está utilizando sus recursos.

En 2026 su nómina costó $404.000 millones, ocho veces lo que ese rubro pesa en el Ministerio de Justicia.

Su presidente devenga más de $55 millones al mes, una cifra que el propio presidente de la República le cuestionó públicamente al reclamarle a la JEP por sus gastos.

Y destinó $40.365 millones a pagar la defensa jurídica de las propias Farc: con la plata de los colombianos les pagaron los abogados a los victimarios.

Pero el balance no termina en las cuentas. Hay que hablar de justicia.

Y ahí la cifra es contundente: más de $4 billones apropiados desde 2018 para producir cuatro sentencias de fondo contra los máximos responsables.

En casi nueve años. Cuando por fin condenó al secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros, la pena fue de ocho años de trabajos restaurativos, sin un solo día de cárcel.

La JEP sostiene que su trabajo no puede medirse solo por esas sentencias y que la justicia restaurativa opera con otra lógica.

Es entendible. Pero no cambia lo esencial: con el presupuesto más alto de su historia, las condenas contra quienes ordenaron los peores crímenes se cuentan con los dedos de una mano.

Y ante las preguntas, en vez de mostrar resultados, la JEP le escribió a la Corte Penal Internacional para proteger su presupuesto.

La independencia judicial no exime de rendir cuentas: acudir a instancias internacionales no elimina la obligación de explicar aquí cómo se gasta la plata de los colombianos.

Dirán que cuestionarla es atacar la paz y a las víctimas. Es al revés.

No revisé estas cuentas contra las víctimas; las revisé por ellas.

Llevan años esperando, y no se les repara con nómina ni con cartas a Europa: se les repara con verdad, justicia y reparación.

Los colombianos merecen cuentas claras, plazos concretos y resultados verificables.

Porque el problema de la JEP nunca fue la falta de plata —tiene más que nunca—, sino que, por más que reciba, los resultados siguen sin llegar.

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