La seguridad se deteriora rápido y se construye lento

Es una pregunta que comienza a repetirse en distintos escenarios es ¿será que el gobierno de Abelardo De La Espriella sí logrará acabar con el crimen en Colombia?

La respuesta, desde una perspectiva de seguridad, exige cambiar la pregunta.

Ningún gobierno, por fuerte que sea su decisión política, puede prometer el fin del crimen.

Lo que sí puede hacer es recuperar la iniciativa del Estado, apoyar y aumentar las capacidades de la fuerza pública, contener las dinámicas delictivas, afectar las capacidades de las organizaciones criminales y generar una disrupción suficientemente profunda para modificar el comportamiento del delito.

Sin embargo, hay un elemento fundamental que no puede desconocerse, existe una voluntad política férrea de colocar la seguridad en el centro de la agenda del gobierno.

El propio presidente ha definido como prioridades el terrorismo, el narcotráfico, el homicidio, el hurto, la extorsión y el respaldo a la Fuerza Pública.

Esto es importante, pero no suficiente, Colombia tiene Fuerza Pública, inteligencia, experiencia operacional, capacidades investigativas y una historia que demuestra que sí es posible producir transformaciones significativas en materia de seguridad.

El problema es que recuperar la seguridad toma tiempo, es un proceso lento.

En cambio, deteriorarla o perderla puede ocurrir con mayor rapidez.

Los últimos años dejaron un escenario complejo. Durante el gobierno de Gustavo Petro se produjo una expansión y fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales y un grave deterioro de la seguridad, esto muestra la magnitud del problema que recibe el actual gobierno.

Por eso, el éxito no estará solamente en la contundencia inicial de las acciones.

Sino en la capacidad del Estado para sostenerlas en el tiempo.

La verdadera efectividad estará en convertir el impacto inicial en una acción permanente, articulada y sostenida que impida la recomposición del delito.

Las organizaciones criminales no son homogéneas.

No tienen las mismas intenciones, fuentes de financiación, niveles de organización, presencia territorial ni capacidad de intimidación.

El Clan del Golfo no funciona igual que una disidencia, una organización dedicada a la extorsión o una red criminal asentada en una cárcel.

Pretender enfrentarlas con una fórmula única sería desconocer la naturaleza misma del fenómeno.

Colombia necesita una estrategia diferenciada, inteligencia para anticipar, Fuerza Pública para recuperar y proteger territorios, investigación criminal para desarticular estructuras y afectar sus finanzas, Fiscalía y justicia para judicializar actores, y una política social para reducir las condiciones que permiten la persistencia del delito.

La pregunta, entonces, no debería ser si un gobierno puede acabar con el crimen.

La pregunta correcta es si puede reducir sus capacidades, recuperar territorios, proteger a los ciudadanos y construir una tendencia sostenida de mejor seguridad.

Por eso, más que resultados de corto plazo, Colombia necesita constancia, coordinación, inteligencia, estrategia diferenciada y continuidad institucional.

Si esos elementos logran mantenerse en el tiempo, la contención de hoy puede convertirse en la disrupción de mañana y, eventualmente, en una reducción estructural de las capacidades criminales.

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