Seguridad y autoridad sí, pero no de cualquier manera

Colombia necesita recuperar la seguridad.

Sin eufemismos, sin complejos y sin seguir aplazando una discusión que toca directamente la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Durante los últimos años hemos visto cómo organizaciones criminales ampliaron su presencia territorial, sofisticaron sus formas de operación y aprovecharon las debilidades del Estado.

La Fundación Ideas para la Paz ha advertido sobre el deterioro de capacidades operativas, estratégicas y de inteligencia de la Fuerza Pública.

El dato es particularmente preocupante: apenas el 46 % de la capacidad militar estaría disponible para operaciones.

Por eso, recuperar la iniciativa del Estado es necesario.

Y hacerlo exige fortalecer a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, recuperar capacidades de inteligencia y contrainteligencia, mejorar su coordinación y dar un salto tecnológico que permita anticiparse a organizaciones criminales que hoy utilizan drones, comunicaciones avanzadas, redes financieras y estructuras cada vez más flexibles.

La seguridad del siglo XXI no puede enfrentarse únicamente con las herramientas del siglo XX.

Pero recuperar la autoridad no significa renunciar a la institucionalidad.

Hay algo que aún no termina de cuadrar: Las imágenes recientes del presidente caminando junto a bolsas que contenían cadáveres y portando una pistola al cinto pueden resultar poderosas para quienes reclaman una demostración contundente de autoridad.

Sin embargo, precisamente porque Colombia necesita resultados en seguridad, debemos preguntarnos también por las formas y los símbolos que utilizamos para comunicarlos.

Nuestra historia debería obligarnos a ser especialmente cuidadosos.

Durante décadas este país vio cadáveres producidos por guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y organizaciones criminales.

También conocimos uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia reciente: personas asesinadas por integrantes de la Fuerza Pública y presentadas falsamente como bajas en combate, hechos que hoy investiga la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por eso, la eficacia operacional debe demostrarse con resultados, pero también con legalidad.

Un Estado fuerte no es aquel que exhibe la muerte como trofeo.

Es aquel que consigue que los ciudadanos puedan volver a sus territorios, que los comerciantes puedan trabajar sin pagar extorsiones, que los campesinos puedan producir sin pedir permiso a un grupo armado y que la institucionalidad vuelva a ocupar los espacios que alguna vez perdió.

Y allí aparece la segunda parte de la discusión.

La seguridad no puede reducirse a operaciones militares y policiales.

Podemos recuperar temporalmente un territorio, pero si después no llegan las instituciones, tarde o temprano alguien volverá a ocuparlo.

La intervención debe ser integral, diferencial y focalizada.

Donde llegue la Fuerza Pública deben llegar también las vías, la conectividad, la educación de calidad, la salud, la justicia y, especialmente, oportunidades económicas reales.

Incluso será necesario discutir sin prejuicios la intervención del Estado frente a mercados profundamente distorsionados.

No podemos pedirles a comunidades enteras que abandonen economías ilegales cuando producir, transportar y comercializar legalmente resulta más costoso que permanecer en ellas.

Allí el Estado debe actuar como articulador, regulador y, cuando sea necesario, como impulsor de condiciones que permitan integrar efectivamente esos territorios a la economía nacional.

Celebro que la seguridad vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública.

Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer su inteligencia y devolverle capacidad operacional y tecnológica a su Fuerza Pública.

Pero debemos hacerlo aprendiendo de nuestra propia historia.

Porque la verdadera victoria del Estado no consiste en mostrar cuántos enemigos murieron.

Consiste en lograr que, después de una operación militar, llegue una carretera; después de recuperar un territorio, llegue una escuela; después de expulsar una estructura criminal, llegue una oportunidad.

La seguridad abre la puerta. La institucionalidad debe ser capaz de quedarse.

Bienvenida la iniciativa del presidente en materia de seguridad, pero ahora que está apenas iniciando su mandato, debe tener en el centro del radar esa integralidad que demandan las realidades territoriales.

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