Una tragedia sigue a la otra

Wilson Ruíz

Hay tragedias que no solo se miden en cifras, sino en el dolor silencioso de familias que lo pierden todo y sienten que el Estado nunca llega.

Lo que hoy vive el norte de Colombia, especialmente el departamento de Córdoba, no es un episodio fortuito ni una simple consecuencia del clima.

Es el reflejo de un país desprotegido, abandonado por un gobierno incapaz de anticiparse, de reaccionar y de cuidar a su gente.

Mientras la administración de Gustavo Petro firma contratos por más de 16 billones de pesos en prestación de servicios y decreta “emergencias económicas” sin sustento jurídico ni requisitos reales de sobreviniencia, en los territorios la realidad es devastadora: miles de familias damnificadas, infraestructura colapsada y comunidades enteras luchando por sobrevivir ante un desastre que pudo —y debió— mitigarse con responsabilidad y liderazgo.

El reciente paso de un frente frío atípico, acompañado de lluvias intensas en una temporada que históricamente es seca, desató una ola invernal sin precedentes que hoy afecta a 16 departamentos y 104 municipios.

El balance supera ya las 69.000 familias damnificadas, configurando una de las peores crisis humanitarias derivadas del clima en los últimos años en Colombia.

Y lo más grave es que ocurre en medio de un desgobierno que ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias.

En el epicentro de esta emergencia, el río Sinú se ha desbordado, obligando a evacuaciones masivas en barrios completos de Montería y dejando bajo el agua viviendas, cultivos y medios de subsistencia rurales en todo el departamento de Córdoba.

Las inundaciones han destruido hogares, han dejado a ganaderos sin pastos para alimentar sus animales y, lamentablemente, han cobrado vidas humanas.

El drama se multiplica para miles de familias que no solo pierden sus bienes, sino también la seguridad, la estabilidad y la esperanza de un futuro digno.

Y aquí la crítica es inevitable. Mientras la tragedia avanza, el Estado aparece lento, desarticulado y sin una visión estratégica clara.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres evidencia profundas falencias logísticas y presupuestales que se hacen aún más graves en escenarios de esta magnitud.

No basta con repartir ayudas humanitarias de manera tardía; se requieren políticas serias de prevención y mitigación que reduzcan la vulnerabilidad de territorios históricamente expuestos a inundaciones y eventos climáticos extremos.

El contraste entre los multimillonarios contratos del Gobierno y la ausencia de respuestas estructurales frente a una crisis que estaba lejos de ser impredecible resulta indignante.

Los presupuestos públicos no pueden seguir siendo simples cifras para la propaganda política mientras comunidades enteras carecen de agua potable, alimentación básica y vías seguras para evacuar.

La improvisación en la gestión pública no solo refleja ineptitud, sino una profunda desconexión con la realidad del país profundo.

Si Colombia quiere enfrentar con éxito emergencias reales como la que hoy vive Córdoba, no basta con decretar estados de emergencia de forma reiterada.

Se necesita planeación seria, inversión en infraestructura resiliente, políticas robustas de gestión del riesgo y funcionarios con verdadera capacidad técnica. El gobierno actual ha demostrado que nada de esto es una prioridad.

Una tragedia como la que hoy vive Córdoba no resiste la tragedia adicional de tener a Gustavo Petro como presidente. Por eso, este país no puede volver a equivocarse en las próximas elecciones.

O votamos por el desarrollo, la seguridad y la responsabilidad, o seguimos condenados a que una tragedia siga a la otra.