Ante la justicia no puede haber privilegios

Durante años Colombia ha visto cómo algunos políticos y personas poderosas terminan privados de la libertad en condiciones muy diferentes a las que enfrenta cualquier ciudadano en su misma situación jurídica.

Por eso, la decisión de acabar con esos privilegios, tomada por el presidente Abelardo De la Espriella, debe respaldarse, pues constituye un mensaje poderoso en un país en el que históricamente los políticos condenados por todo tipo de delitos han recibido un trato preferencial.

El apellido, la trayectoria política, las relaciones, la posición económica o el partido al que pertenezca una persona no pueden determinar dónde ni en qué condiciones cumple una medida de aseguramiento o una condena.

Por supuesto, tampoco se trata de promover malos tratos. Toda persona privada de la libertad conserva derechos que el Estado debe garantizar.

Además, es indispensable diferenciar entre quienes ya fueron condenados y quienes permanecen detenidos mientras avanzan sus procesos.

Pero garantizar derechos es muy distinto a conceder privilegios.

Una cosa es asegurar condiciones dignas de reclusión y otra permitir comodidades extraordinarias, celulares prohibidos, visitas por fuera de las reglas o condiciones que posibiliten continuar despachando y haciendo política desde el lugar de detención.

La decisión, además, debe aplicarse sin consideraciones políticas.

Si se acaba el privilegio, tiene que acabarse para todos: izquierda, derecha y centro; políticos, empresarios, exfuncionarios o cualquier otra persona.

Ahí está precisamente el valor de la medida.

Una sociedad pierde confianza en la justicia cuando percibe que la ley es rigurosa con el ciudadano común y flexible con el poderoso.

Y hay un mensaje adicional que esta decisión debe enviar: en Colombia, quien delinque debe temerle a la justicia, independientemente de su posición.

Tal vez saber que una condena significará realmente perder la libertad, sin cárceles especiales ni privilegios, lleve también a algunos políticos a pensarlo dos veces antes de burlar la ley y traicionar la confianza de los ciudadanos que los eligieron.

El poder no puede servir como escudo frente a la justicia; por el contrario, debería implicar una responsabilidad todavía mayor.

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