¿Quién responde por los damnificados de Cali?

Para muchas familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Cali, conseguir las ayudas prometidas se ha convertido en una verdadera tortura.

A la pérdida de sus viviendas y a las dificultades económicas que enfrentan se suman los retrasos en los desembolsos, la incertidumbre sobre los subsidios y la falta de información clara sobre los trámites que deben realizar.

Resulta preocupante que, casi tres meses después de la tragedia, todavía haya damnificados que no han recibido siquiera la primera cuota del subsidio de arrendamiento.

Mientras algunos esperan el segundo pago, otros continúan alojados en casas de familiares o amigos, sin saber cuándo podrán contar con los recursos anunciados.

El programa contempla tres desembolsos de $1.050.543 por hogar.

Sin embargo, la demora en los pagos desvirtúa su propósito, porque las necesidades de alojamiento no pueden aplazarse mientras las entidades resuelven sus procedimientos administrativos.

La Alcaldía de Cali ha explicado que los recursos provienen del Gobierno Nacional y que algunos giros dependen de sus desembolsos.

Esa circunstancia debe aclararse, pero no puede convertirse en una excusa para desentenderse de los afectados.

El gobierno del alcalde Alejandro Eder tiene la responsabilidad de gestionar ante la Nación, hacer seguimiento a cada etapa del proceso, facilitar la corrección de registros y mantener informadas a las familias.

No basta con remitirlas de una dependencia a otra o señalar cuál entidad tiene pendiente una transferencia.

Los cuestionamientos formulados en el Concejo evidencian problemas que van más allá del dinero.

Hay inconsistencias entre registros, demoras en visitas técnicas y ciudadanos que desconocen los procedimientos para acceder a las ayudas.

Por eso resulta pertinente la propuesta de establecer una ventanilla única permanente que centralice la orientación y el acompañamiento.

Los damnificados no pueden seguir peregrinando entre oficinas ni esperando indefinidamente recursos que necesitan para vivir.

La responsabilidad institucional no termina con anunciar una ayuda: termina cuando esta llega efectivamente a quienes la necesitan.

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