Quién gana cuando manda el miedo

La advertencia del registrador nacional sobre la presencia e influencia de grupos armados ilegales en 312 municipios del país no es un dato menor ni una simple alerta técnica, es una señal de alarma democrática.

Cuando se afirma que en cerca de la tercera parte de los municipios colombianos operan estructuras criminales con capacidad de incidir en el comportamiento electoral, la pregunta no puede evadirse: ¿a quién le conviene que esas organizaciones mantengan y consoliden su control en plena contienda electoral?

No hay que ser adivino para entender la lógica. Guerrillas, disidencias, bandas criminales o estructuras híbridas no ejercen poder territorial para quedarse al margen de la política.

Lo hacen para proteger sus negocios ilícitos, asegurar corredores estratégicos y, llegado el momento, influir en las decisiones públicas.

En un año electoral, ese poder se traduce en presión directa sobre comunidades enteras, en coacción del voto y en la imposición silenciosa —o violenta— de candidatos funcionales a sus intereses.

Un territorio controlado por grupos armados no es un territorio libre para elegir. Allí se vota por miedo, por imposición o por conveniencia forzada.

Y ese escenario favorece, inevitablemente, a quienes prometen no confrontar a esas estructuras, a quienes ofrecen continuidad en la permisividad, a quienes garantizan que la fuerza pública no llegará o llegará tarde.

Exactamente el tipo de relación que se consolidó durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo la idea de ceses al fuego que terminaron siendo unilaterales y de una política de seguridad que amarró a la Fuerza Pública mientras los grupos criminales se expandían.

Por eso este no es solo un problema de orden público. Es un problema electoral y democrático. Todos los candidatos presidenciales y al Congreso deberían denunciarlo sin ambigüedades ante el país y ante la comunidad internacional.

Y el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad ineludible: garantizar que las elecciones de 2026 se realicen en condiciones de libertad real.

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