Corrupción en Colombia 2026: Un retroceso que interpela a las urnas

El nuevo retroceso de Colombia en el Índice de Percepción de la Corrupción no es un dato menor ni un simple llamado de atención técnico.

Es una señal clara de desgaste institucional y de frustración ciudadana en un país donde la corrupción sigue minando la confianza en el Estado, debilitando la democracia y frenando el desarrollo.

En un año electoral, esta alerta adquiere un significado aún más profundo, porque interpela directamente a los votantes y a quienes hoy ejercen el poder.

La corrupción no solo se traduce en escándalos políticos o titulares judiciales. Tiene efectos concretos en la vida cotidiana de los ciudadanos: hospitales sin recursos, obras inconclusas, atención deficiente en emergencias y una sensación permanente de injusticia.

Cada peso que se pierde por corrupción es un peso que no llega a la educación, a la salud o a la seguridad. Por eso, combatirla no puede ser un discurso accesorio ni una promesa de campaña más, sino una prioridad nacional.

Las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan representan una oportunidad clave para que los ciudadanos envíen un mensaje contundente.

Votar informado, revisar trayectorias, exigir explicaciones y evaluar la coherencia entre discurso y hechos es la forma más directa de castigar la corrupción desde la democracia.

Un Congreso elegido con criterio y un Ejecutivo con verdadero compromiso ético pueden marcar la diferencia entre repetir los errores o iniciar un cambio real.

Este gobierno, al que le restan menos de seis meses, también tiene una responsabilidad histórica. Llegó con la promesa de hacer política de manera distinta, pero terminó salpicado por graves escándalos que golpearon su credibilidad.

Aún así, el cierre de su mandato puede y debe estar marcado por decisiones claras que demuestren voluntad real de combatir la corrupción, no con discursos, sino con acciones que fortalezcan los controles, garanticen sanciones y envíen señales inequívocas de que no hay tolerancia frente al desvío de recursos públicos.

El reto para el próximo gobierno será aún mayor. Los candidatos presidenciales están obligados a presentar propuestas serias, viables y verificables en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

El país no necesita promesas abstractas, sino compromisos concretos que devuelvan la confianza y aseguren que el poder público se ejerza con responsabilidad.

La corrupción no es inevitable. Es una decisión política combatirla o permitirla. En 2026, los ciudadanos tienen la palabra. Y esta vez, el mensaje debe ser claro y firme desde las urnas.

Comments