Recuperar el Esmad es recuperar la autoridad

Uno de los mayores errores que dejó el gobierno del presidente Gustavo Petro fue haber contribuido a romantizar la protesta violenta y los bloqueos como si fueran expresiones legítimas de participación ciudadana.

A partir del estallido social de 2021, el país terminó enviando un mensaje equivocado: que alterar el orden público, cerrar vías y destruir bienes públicos o privados podía convertirse en una forma aceptable de ejercer presión política.

Esa visión no solo debilitó el principio de autoridad, sino que terminó afectando derechos fundamentales de millones de ciudadanos.

Porque detrás de cada bloqueo hay personas que no pueden llegar a sus trabajos, pacientes que no alcanzan atención médica, estudiantes que pierden clases, empresarios que ven paralizadas sus actividades y comunidades enteras sometidas al caos.

El derecho a la protesta merece toda la protección que le otorga la Constitución.

Pero ese derecho no puede confundirse con la posibilidad de destruir estaciones de transporte, incendiar vehículos, atacar a la Fuerza Pública o impedir la libre movilidad de los demás ciudadanos.

La protesta pacífica fortalece la democracia; la violencia la debilita.

Por eso resulta acertada la decisión del nuevo gobierno de recuperar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), reemplazando la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), creada durante la administración Petro como parte de un nuevo enfoque frente a las movilizaciones sociales.

Sin embargo, el debate no puede reducirse a un simple cambio de nombre. Lo verdaderamente importante es construir un marco jurídico que permita actuar de manera oportuna frente a bloqueos, actos vandálicos y disturbios, siempre dentro de la Constitución, respetando los derechos humanos y haciendo un uso legítimo y proporcional de la fuerza.

La autoridad no puede seguir dependiendo de procedimientos que, en la práctica, retrasan la intervención hasta cuando los daños ya son irreparables.

El nuevo Gobierno y el Congreso tienen la oportunidad de corregir ese vacío.

Colombia necesita reglas claras que permitan intervenir con rapidez cuando una manifestación deja de ser pacífica y deriva en bloqueos, vandalismo o violencia.

Esa respuesta debe contar con controles, supervisión y garantías para evitar abusos, pero también con herramientas suficientes para restablecer el orden sin dilaciones.

Es previsible que durante los próximos años la movilización social siga siendo utilizada por distintos sectores como mecanismo de presión política.

Precisamente por eso el país requiere instituciones sólidas y reglas que distingan con claridad entre la protesta legítima y las conductas que vulneran los derechos de toda la sociedad.

Recuperar el Esmad puede ser un primer paso. Lo verdaderamente trascendental será recuperar el principio de autoridad democrática: aquella que protege las libertades, hace cumplir la ley y entiende que el orden público no es un obstáculo para la democracia, sino una de sus condiciones indispensables.

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