¿Quién debe elegir a los contralores?

¿Para qué sirven las contralorías si alrededor de la elección de quienes deben dirigirlas siempre queda la sospecha de que los mismos poderes que serán vigilados intentan influir en su escogencia?

La pregunta vuelve a quedar sobre la mesa después del traumático proceso para elegir contralor de Cali, que mantuvo durante nueve meses a la ciudad sin titular en propiedad.

Lo ocurrido merece resumirse porque demuestra el problema: el proceso iniciado en 2025 terminó cuestionado después de que la Procuraduría advirtiera posibles irregularidades en la convocatoria y en la evaluación de los aspirantes; hubo dificultades para realizar la elección, denuncias sobre una supuesta injerencia de la Administración Distrital y controversias dentro del Concejo.

Finalmente, la actual Mesa Directiva dejó sin efectos la terna y fue necesario adelantar un nuevo proceso.

Incluso se abrieron investigaciones relacionadas con lo sucedido, sin que ello signifique que las denuncias sobre intervención del alcalde Alejandro Eder o de integrantes de su gobierno hayan sido probadas.

Pero allí está precisamente el problema.

¿Cómo garantizar independencia cuando la elección del controlador pasa por actores políticos que tienen relaciones permanentes con quien será controlado?

Tal vez llegó la hora de discutir otro modelo.

¿Por qué no puede la Contraloría General designar a los contralores territoriales mediante concursos estrictamente técnicos? ¿Por qué no establecer un mecanismo en el que intervenga un tribunal? ¿O cualquier fórmula que saque la decisión final de concejos y asambleas?

No se trata de este alcalde ni de este Concejo, mañana serán otros, se trata de eliminar un diseño que recurrentemente alimenta dudas sobre la independencia del control fiscal.

Por fortuna, el nuevo contralor de Cali, Jesús Mauricio Castañeda, llega con una trayectoria vinculada precisamente al control de lo público: abogado, especialista en Derecho Disciplinario, magíster en Derecho Constitucional, exfuncionario de la Rama Judicial, docente universitario y personero de Yumbo.

Ahora tendrá una oportunidad enorme para demostrar la independencia que prometió.

Después de todo lo ocurrido, Cali necesita una Contraloría que fiscalice con rigor la administración del alcalde Alejandro Eder y que sus decisiones hablen por ella.

Porque un organismo de control sólo tiene sentido cuando nadie puede dudar de quién controla a quién.

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