El caso de Nicaragua: Cuando mueren las elecciones, muere la democracia

“Aquí no volverá a haber elecciones”. La frase pronunciada por Daniel Ortega el pasado 20 de julio no admite interpretaciones, pues no se trata de una declaración improvisada, es la confirmación pública de que en Nicaragua la democracia ha dejado de existir y de que el régimen ya ni siquiera siente la necesidad de disimularlo.

Lo verdaderamente inquietante no es solo la decisión del gobernante nicaragüense, lo más preocupante es la aparente resignación del mundo democrático frente a la consolidación de una dictadura que lleva años desmontando, paso a paso, todas las garantías propias de un Estado de derecho.

Primero desaparecieron los límites a la reelección. Después fueron sometidas las altas cortes, el órgano electoral, la Fiscalía, la Policía y el Congreso.

Más tarde llegaron las capturas de opositores, los destierros, la pérdida de nacionalidad para cientos de ciudadanos, el cierre de medios de comunicación, la persecución contra la Iglesia, la cancelación de organizaciones civiles y las denuncias de graves violaciones de derechos humanos.

Ahora simplemente se anuncia que no volverá a haber elecciones.

¿Y qué hará el mundo democrático? Esa es la pregunta que hoy debería ocupar a las democracias, a las organizaciones multilaterales y, especialmente, a las Naciones Unidas.

Porque cuando un régimen alcanza este nivel de concentración absoluta del poder, la posibilidad de un cambio interno prácticamente desaparece.

Los líderes opositores están presos, exiliados o desterrados; las instituciones responden al gobernante y los ciudadanos viven bajo un permanente ambiente de vigilancia y persecución.

Hablar, entonces, de que cada pueblo debe resolver por sí mismo sus problemas termina siendo una respuesta insuficiente cuando precisamente se han destruido todos los mecanismos que permiten hacerlo.

El caso de Nicaragua no debería analizarse únicamente como un problema interno, es un desafío para todas las democracias.

Si la comunidad internacional acepta pasivamente que un gobernante elimine las elecciones sin consecuencias reales, estará enviando un mensaje profundamente peligroso para cualquier otro país donde existan dirigentes con tentaciones autoritarias.

La historia reciente de América Latina ofrece lecciones que no deberían ignorarse.

Venezuela también transitó gradualmente hacia un modelo donde desaparecieron los contrapesos institucionales mientras el mundo observaba con preocupación, pero con escasa capacidad de reacción.

Hoy Nicaragua parece recorrer el mismo camino hasta su última estación: la eliminación definitiva de la alternancia democrática.

La defensa de la democracia no puede comenzar cuando ya no quedan instituciones independientes ni elecciones que proteger. Debe actuar mucho antes.

Porque cuando un gobernante anuncia que nunca más permitirá votar libremente, ya no solo está suprimiendo unas elecciones, está arrebatándole a todo un pueblo su derecho a decidir su propio futuro.

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