Elecciones amenazadas, pero inaplazables

Los informes sobre riesgo electoral en distintas regiones del país son cada vez más frecuentes y preocupantes.

El escenario no es menor, según la Defensoría del Pueblo, 69 municipios requieren acción inmediata; 168, acción urgente y 433, acción prioritaria ante el riesgo electoral que representan los grupos criminales.

En varias zonas del país, grupos armados suplantan funciones del Estado, regulan campañas, vetan candidaturas y presionan comunidades.

La coacción electoral se manifiesta con amenazas, restricciones a la movilidad e imposición de “normas” de conducta.

La gravedad de estos hechos no puede ignorarse; por los resultados de elecciones pasadas, es evidente que organizaciones criminales presionan el voto en favor de determinados intereses y ahora lo harían con mayor razón, en la medida en que han expandido su dominio territorial y su capacidad operativa.

Sin embargo, bajo ninguna circunstancia el país puede aceptar que esta realidad se utilice como excusa para aplazar, suspender o cancelar las elecciones legislativas y presidenciales.

La democracia no se defiende postergándola, se defiende garantizando que funcione, incluso en condiciones adversas. Renunciar al calendario electoral sería entregar, de facto, una victoria política a quienes buscan intimidar.

Lo que sí resulta inaceptable es la tibieza en la respuesta estatal. El Ministerio del Interior debe liderar de manera efectiva la articulación interinstitucional, y el Ministerio de Defensa está llamado a diseñar e implementar una estrategia integral que asegure presencia real de la Fuerza Pública en los municipios plenamente identificados en riesgo, y la Fiscalía debe actuar con celeridad frente al constreñimiento electoral. No basta con informes y mesas técnicas; se requieren acciones visibles y contundentes.

Es preocupante y hasta sospechoso que, pese a la magnitud del diagnóstico, no se perciba un despliegue proporcional en los territorios más críticos.

Si el riesgo está advertido, la omisión resulta aún más grave. El gobierno nacional tiene la obligación constitucional de garantizar que cada ciudadano pueda votar libremente, sin presión de grupos armados y sin miedo a represalias.

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