Gobierno ratifica presencia en Argelia

Desde Popayán, el Gobierno Nacional ratificó que las operaciones militares y de seguridad continuarán de manera sostenida en el municipio de Argelia y en el Cañón del Micay, en el sur del departamento del Cauca, pese a los recientes disturbios registrados en el corregimiento de El Plateado, que dejaron personas fallecidas y varios heridos.

La confirmación se dio tras la realización de una mesa nacional de seguimiento a la situación humanitaria y de seguridad en este territorio, espacio en el que participaron autoridades nacionales y locales.

Allí, el viceministro del Diálogo Social, Gabriel Rondón, aseguró que las acciones de la Fuerza Pública no se suspenderán y que estas se desarrollan con un enfoque democrático, acompañado de una fuerte inversión social.

Rondón señaló que los hechos violentos ocurridos recientemente no representan a la mayoría de la población, sino que son promovidos por grupos que dejaron de ser insurgentes y hoy están ligados al narcotráfico.

Según el funcionario, estas estructuras buscan generar zozobra y posicionar la narrativa de que la institucionalidad ataca a la ciudadanía. “Estas acciones de violencia no nos van a amedrantar ni van a hacer que la inversión social se detenga. Por el contrario, se va a profundizar más”, afirmó.

Avances

El viceministro destacó avances concretos en salud, educación, vías y agricultura, y explicó que se estableció un cronograma de seguimiento mensual para evaluar el ritmo de la inversión.

Además, indicó que el Cañón del Micay cuenta con brigadas de asistencia médica, ampliación de la oferta del ICBF y obras viales adelantadas por Invías, al tiempo que se mantiene un diálogo permanente con la comunidad.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no es la comunidad de El Plateado la que exige la salida de la Fuerza Pública, sino los grupos criminales.

El jefe de la cartera explicó que, desde el inicio de la Operación Perseo, el 12 de octubre de 2024, se han registrado mejoras en los indicadores de seguridad, con reducciones significativas en homicidios, actos terroristas, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.

Sánchez reiteró que la Fuerza Pública no ataca a la población civil y que quienes deben abandonar el territorio son los delincuentes, no las instituciones del Estado.

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