CNE ordena a Duvalier Sánchez ofrecer excusas públicas a Dilian Toro por violencia política de género

El Consejo Nacional Electoral ordenó al representante a la Cámara Duvalier Sánchez eliminar un video publicado en sus redes sociales y presentar excusas públicas a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, tras concluir que incurrió en violencia política de género.

La decisión fue adoptada el 25 de febrero de 2026, luego de que la mandataria departamental interpusiera una queja formal por varias publicaciones realizadas entre 2025 y comienzos de 2026.

El alto tribunal electoral analizó el contenido difundido por el congresista y determinó que uno de los videos superó los límites del debate político.

Según lo conocido, la Sala Plena del CNE consideró que la publicación del 13 de enero de 2026 incluyó expresiones y comparaciones que afectaron la dignidad de la gobernadora, al introducir referencias a su apariencia física y elementos que, en criterio del organismo, configuran violencia política basada en género.

El fallo se fundamenta en la legislación vigente que sanciona este tipo de conductas en el escenario político, normativa que busca garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y sin ataques que trasciendan el debate de ideas.

En su queja, la gobernadora sostuvo que las publicaciones hacían parte de un patrón reiterado de hostigamiento.

El CNE evaluó el conjunto de contenidos, pero centró su decisión en el material que consideró vulneratorio de derechos fundamentales.

Como medida correctiva, el organismo ordenó el retiro inmediato del video y dispuso que el representante ofrezca disculpas públicas, con el fin de restablecer los derechos afectados y enviar un mensaje sobre los límites del discurso político.

El representante Sánchez ha sostenido que sus intervenciones hacen parte del control político y del debate público.

Sin embargo, el CNE precisó que la libertad de expresión en política no ampara manifestaciones que desplacen la discusión programática hacia ataques de carácter personal vinculados al género.

El caso se convierte en uno de los primeros en el país en los que una autoridad electoral adopta una decisión concreta bajo la figura de violencia política de género, lo que marca un precedente en la forma como se regulan las controversias en redes sociales entre dirigentes públicos.

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