Impuesto al patrimonio empresarial: ¿salvavidas fiscal o freno al crecimiento?

La propuesta del Gobierno de imponer un impuesto al patrimonio para personas jurídicas despierta alertas entre los analistas por su posible impacto en la inversión y el atractivo de Colombia como destino de capital.

En medio del difícil entorno fiscal, el Gobierno Nacional evalúa implementar un nuevo impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, en el marco de la declaratoria de emergencia económica, ecológica y social.

Según los detalles preliminares conocidos, el gravamen aplicaría a empresas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT (unos $10.475 millones), con tarifas marginales de 0,6% hasta los 600.000 UVT ($31.424 millones) y de 1,2% para patrimonios superiores a ese umbral.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierte que, si bien la medida podría generar un recaudo significativo —estimado en $13,4 billones anuales, sus costos económicos estructurales podrían ser elevados.

“Gravar el stock de capital reduce la rentabilidad esperada de la inversión y encarece la acumulación de activos productivos, lo que puede traducirse en un desincentivo claro al crecimiento empresarial”, sostiene el documento.

Un déjà vu con advertencias

Colombia no es ajena a este tipo de tributos. En 2011, en un contexto de emergencia social, se implementó un impuesto similar con tarifas marginales que llegaron al 4,8%.

Estudios del Banco de la República mostraron que esta medida incrementó el costo de endeudamiento para las empresas y redujo su nivel de inversión.

“La experiencia histórica del país deja claro que este tipo de medidas fiscales transitorias pueden tener efectos permanentes en las decisiones de capital de las firmas”, enfatiza Anif.

A nivel internacional, el impuesto al patrimonio empresarial es cada vez menos común. Solo cinco países —Suiza, Venezuela, Argentina, Luxemburgo y Noruega (este último solo para instituciones financieras)— mantienen un tributo similar, con tarifas muy bajas y alcance focalizado. Esto refleja el carácter transitorio y limitado de esta herramienta en la práctica tributaria global.

Más recaudo, menos inversión

Con base en datos de la plataforma EMIS (que consolida información de entidades oficiales como la Superintendencia Financiera y las Cámaras de Comercio), el grueso del recaudo provendría de empresas con patrimonios superiores a 600.000 UVT. De los $13,4 billones potenciales, $13,1 billones los aportarían estas grandes firmas.

No obstante, el estudio también cuestiona la viabilidad de alcanzar la meta de recaudo de $8 billones planteada por el Gobierno, al señalar que no hay claridad sobre los sectores que podrían ser excluidos o sobre posibles ajustes en los umbrales y tarifas.

Además, la carga tributaria efectiva para las empresas se elevaría significativamente: del 29,8% actual al 35,5%, un salto de casi seis puntos porcentuales, considerando los $70,6 billones ya pagados por concepto de impuesto de renta en 2024.

Efectos sobre el clima de negocios

Más allá del impacto fiscal, el anuncio del impuesto envía señales poco alentadoras al sector empresarial y a los inversionistas extranjeros.

“La adopción de este gravamen puede enviar una señal negativa a grandes jugadores internacionales, que podrían reconsiderar a Colombia como destino para instalarse o expandir operaciones”, alerta el informe.

En un contexto donde el país presenta una tasa de inversión agregada históricamente baja, cualquier carga adicional sobre el capital acumulado podría erosionar aún más la confianza empresarial.

Esto es especialmente sensible en sectores que demandan inversiones de largo plazo y que hoy ya enfrentan incertidumbre por factores regulatorios y macroeconómicos.

En busca de alternativas sostenibles

No se descarta la necesidad de aumentar el recaudo ante las urgencias fiscales, pero llama a priorizar medidas que no comprometan el crecimiento de mediano y largo plazo.

Entre las posibles alternativas menciona una mayor eficiencia en el gasto, fortalecimiento de la administración tributaria y combate a la evasión, así como reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad.

El impuesto al patrimonio puede ser un remedio temporal para aliviar la caja del Estado, pero sus efectos sobre la inversión y el empleo podrían terminar siendo contraproducentes si no se aplican con criterios técnicos, gradualidad y enfoque sectorial.

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