Gobierno cambia las reglas de las concesiones portuarias

El Gobierno Nacional anunció una actualización del régimen de concesiones portuarias en Colombia, con la que busca estimular nuevas inversiones, modernizar la infraestructura y mejorar las condiciones de competitividad del comercio exterior.

El decreto fue presentado en Cartagena por el presidente Abelardo de la Espriella y contempla cambios en las condiciones bajo las cuales los concesionarios podrán ejecutar inversiones estratégicas, así como en los mecanismos para reconocer recursos que no hayan podido recuperarse antes de finalizar sus contratos.

Una de las principales novedades consiste en que las inversiones estratégicas podrán ser evaluadas cuando falten cinco años o menos para el vencimiento de una concesión.

Si el proyecto es aprobado y el tiempo necesario para recuperar la inversión supera la vigencia contractual, podrá reconocerse el valor residual no recuperado.

La disposición busca facilitar la ejecución de obras que, por sus características y costos, requieren períodos de recuperación superiores al tiempo restante de una concesión.

Sin embargo, el reconocimiento no será automático.

Cada iniciativa deberá demostrar su necesidad y superar evaluaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales, según establece el comunicado de la Presidencia.

Los puertos deberán conectarse mejor con el país

Otro de los cambios relevantes es la ampliación del tipo de inversiones que podrán incorporarse dentro de las concesiones portuarias.

La nueva regulación incluye obras relacionadas con accesos marítimos y fluviales, conexiones ferroviarias, carreteras e infraestructura logística, con el propósito de mejorar la articulación entre las terminales portuarias y los centros de producción.

Esta medida tiene una implicación económica importante: la competitividad de un puerto no depende exclusivamente de su capacidad para recibir embarcaciones y movilizar mercancías, sino también de la infraestructura disponible para transportar los productos desde las regiones productoras hasta los puntos de embarque.

Por esa razón, el Gobierno plantea que la modernización portuaria debe acompañarse de mejores conexiones terrestres y logísticas que contribuyan a disminuir los costos que actualmente limitan la capacidad exportadora del país.

Más seguridad jurídica y protección ambiental

El decreto también contempla medidas dirigidas a fortalecer la seguridad jurídica de las inversiones.

Entre ellas se encuentra la creación del Registro Único de Concesiones Portuarias, un instrumento que formará parte del nuevo marco regulatorio.

La norma abre, además, la posibilidad de incorporar proyectos que beneficien a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de las operaciones portuarias.

En materia ambiental, se podrán incluir inversiones adicionales relacionadas con eficiencia energética, utilización de combustibles de menores emisiones y protección de la biodiversidad.

¿Qué ocurrirá cuando termine una concesión?

La actualización establece reglas para la devolución de los activos al Estado y contempla mecanismos para evitar que la terminación de una concesión interrumpa las operaciones de los puertos o afecte a los exportadores.

Este aspecto resulta especialmente relevante para las empresas que dependen de las terminales marítimas para sus operaciones de comercio exterior, pues busca dar continuidad a los servicios durante los procesos de finalización contractual.

Durante la presentación, el presidente De la Espriella aseguró que el Gobierno ofrecerá garantías a quienes inviertan, pero también exigirá el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

“En la Patria Milagro, quien invierta encontrará respeto y garantías”, afirmó el mandatario, al señalar que el Estado también hará cumplir lo pactado en los contratos.

La actualización representa una apuesta por vincular las inversiones portuarias con el desarrollo logístico y productivo del país.

No obstante, su impacto dependerá de los proyectos que finalmente sean aprobados, los recursos que logren movilizarse y la capacidad de convertir las nuevas disposiciones en obras que reduzcan los costos del transporte y mejoren las condiciones de exportación.

El comunicado oficial no precisa montos de inversión, proyectos específicos aprobados ni fechas para el inicio de nuevas obras.

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