El libreto del fraude

Algo huele mal cuando el Presidente de Colombia empieza a sembrar dudas sobre las elecciones antes de que los ciudadanos siquiera hayan votado.

No es una alerta técnica ni un llamado institucional a mejorar procedimientos, es una narrativa política que prepara el terreno para desconocer resultados adversos.

A pocos días del 8 de marzo, Gustavo Petro revive el fantasma de un supuesto fraude en 2022, el mismo proceso que lo llevó al poder.

La pregunta es inevitable: ¿por qué quien ganó decide ahora deslegitimar al árbitro que validó su victoria?

Hasta hoy, ninguna autoridad electoral o judicial ha declarado la existencia de fraude en esas elecciones.

No existe sentencia, ni acto administrativo en firme, ni prueba concluyente que respalde esa acusación. Sin embargo, el efecto político de la sospecha ya produce daño.

Cuando desde la Presidencia se instala la duda sin sustento probatorio, se erosiona la confianza pública y se debilita la estabilidad institucional. La democracia no solo se afecta con irregularidades reales; también se hiere cuando se desacredita sin fundamento.

Más delicado aún es que, mientras se habla de fraude hacia afuera, existan decisiones oficiales que comprometen la campaña del propio mandatario.

El Consejo Nacional Electoral estableció que en 2022 la campaña presidencial habría superado los topes electorales en aproximadamente $5.300 millones de pesos, con base en análisis técnicos y pruebas documentales.

Superar los límites legales no es un asunto menor: altera la equidad de la contienda y vulnera las reglas que garantizan competencia en igualdad de condiciones.

A ello se sumaron las declaraciones de Armando Benedetti en conversación con Laura Sarabia, donde mencionó 15 mil millones de pesos conseguidos para la campaña y afirmó que, de conocerse la verdad, “todos irían a la cárcel”.

Posteriormente intentó matizar sus palabras. Pero en política, y con mayor razón en derecho, las afirmaciones de esa magnitud no pueden despacharse como un exabrupto. Cuando se habla de cifras multimillonarias en un proceso electoral, la carga de la explicación es inevitable.

También se ha mencionado el apoyo de alias “Sobrino” y del contrabandista conocido como “Papá Pitufo”, quien habría aportado $500 millones de pesos.

El Presidente sostuvo que ordenó devolver ese dinero. No obstante, desde el punto de vista jurídico, la discusión no se agota en la devolución posterior, la eventual infracción puede configurarse desde el momento mismo en que los recursos ingresan a la campaña. Las preguntas persisten y las respuestas siguen siendo insuficientes.

En paralelo, el discurso oficial apunta ahora contra Thomas Greg & Sons, empresa contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la logística electoral.

Desacreditar anticipadamente a quienes operan el proceso no fortalece la transparencia; la pone en entredicho.

Cuando se instala la narrativa del fraude antes de que exista un resultado, el mensaje implícito es claro: solo será legítimo aquello que favorezca al Gobierno.

Colombia no puede entrar en esa lógica. Si el 8 de marzo, y posteriormente en mayo de 2026, el veredicto ciudadano no favorece al petrismo, el país necesita la certeza de que se respetará la voluntad popular.

La democracia no es un mecanismo selectivo que se activa cuando conviene; es una regla de juego que obliga a todos, empezando por quien ejerce la Presidencia.

Aquí no está en juego una candidatura. Está en juego la confianza en las instituciones. Y cuando esa confianza se fractura desde el poder, el costo lo asume toda la Nación.

Defender la democracia exige transparencia, sí, pero también responsabilidad en el discurso público.

Porque cuando se normaliza la narrativa del fraude sin pruebas, lo que se construye no es una denuncia legítima: es una coartada anticipada.

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