El negocio de transformar a nuestros niños

Nunca habíamos tenido tantas posibilidades para cambiar nuestro cuerpo y, paradójicamente, nunca había sido tan difícil sentirnos conformes con él.

Hoy tenemos medicamentos para adelgazar, procedimientos estéticos cada vez más accesibles, filtros que pueden transformar nuestro rostro en segundos y redes sociales que convierten la apariencia en una medida permanente de aceptación.

Y no hay nada malo en querer sentirnos mejor.

Cuidarnos, hacer ejercicio, bajar de peso o acudir a un procedimiento estético son decisiones personales.

El problema aparece cuando empezamos a creer que para sentirnos bien necesariamente tenemos que cambiar aquello que somos.

Esa es, en mi opinión, una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo.

Nos dicen que debemos aceptarnos como somos, pero al mismo tiempo estamos rodeados de mensajes que nos recuerdan todo lo que podríamos cambiar.

La presión por alcanzar una determinada imagen dejó de ser exclusivamente un asunto de estética y empezó a tocar algo mucho más profundo: nuestra autoestima.

Y esa conversación adquiere una dimensión completamente distinta cuando hablamos de menores de edad.

Porque una cosa es que un adulto decida modificar su cuerpo y otra es que esa discusión llegue a una persona que todavía está atravesando su desarrollo físico, emocional y construyendo su identidad.

Ahí es donde el caso de Samuel Adrián merece una discusión que vaya más allá de la confrontación ideológica.

Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, puso sobre la mesa cuestionamientos sobre las intervenciones médicas de afirmación de género en menores.

Su caso judicial terminó además abriendo una discusión sobre libertad de expresión y sobre los límites que debe tener el debate público.

Pero el asunto de fondo es mucho más grande que Samuel Adrián.

Es preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad cuando un menor manifiesta una profunda inconformidad con su cuerpo y la respuesta puede involucrar tratamientos hormonales o intervenciones médicas.

¿Qué información recibe ese menor? ¿Qué papel tienen sus padres? ¿Qué acompañamiento psicológico existe? ¿Cómo se evalúan los riesgos y beneficios? ¿Qué consecuencias pueden ser reversibles y cuáles no?

Son preguntas legítimas. Y hacerlas no debería convertir a nadie automáticamente en enemigo de una persona trans, ni significar que se desconozcan sus derechos.

Precisamente por eso resulta relevante la llamada Ley Laura, Niños No Experimento, un proyecto de ley radicado en el Senado que busca establecer medidas de protección para niños, niñas y adolescentes frente a determinadas intervenciones médicas de afirmación de género.

La iniciativa plantea restricciones a bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos en menores, con excepciones relacionadas con condiciones médicas específicas.

Algún día tendremos que dar este debate con seriedad.

Si se demuestra que determinadas intervenciones en menores pueden causar daños graves o permanentes, también tendremos que hablar de la responsabilidad de quienes las autorizan y de quienes las realizan.

Los padres no pueden quedar al margen cuando, teniendo el deber de proteger a sus hijos, permiten procedimientos que la ley considere prohibidos o lesivos.

De la misma manera, los profesionales de la salud que actúen por fuera de la ley deben responder ante las autoridades.

Proteger a los niños también significa establecer responsabilidades y consecuencias para quienes pongan en riesgo su integridad.

El proyecto ha generado posiciones encontradas.

Sus impulsores lo presentan como una medida de protección frente a intervenciones que pueden tener consecuencias permanentes, mientras que sectores médicos y jurídicos han cuestionado algunas de sus disposiciones y advierten sobre posibles restricciones al acceso a determinados servicios de salud.

Esa discusión merece darse con evidencia y sin caricaturas.

Desde mi Oficina de Abogados estamos acompañando jurídicamente el caso de Samuel Adrián y respaldamos el contenido y la discusión que plantea su documental.

Consideramos que poner sobre la mesa los tratamientos médicos a los que están siendo sometidos algunos menores, sus posibles consecuencias y el papel que deben cumplir la familia, los médicos y el Estado no solo es legítimo, sino necesario.

Defender a Samuel Adrián es también defender su libertad de expresión y el derecho de la sociedad a conocer, discutir y cuestionar decisiones que pueden tener consecuencias profundas sobre la vida de nuestros niños.

Y hay algo que no deberíamos perder de vista, los niños, niñas y adolescentes no son de nadie.

No son propiedad del Estado. No son propiedad de los padres. No son propiedad de los médicos. Y mucho menos pueden convertirse en instrumentos de una disputa ideológica entre adultos.

Y esto no aplica únicamente a la identidad de género.

La misma sociedad que les ofrece a los adultos medicamentos para adelgazar, cirugías para cambiar su apariencia y filtros para corregir digitalmente cada defecto debería preguntarse qué mensaje estamos enviando sobre nuestros cuerpos.

Por eso el debate que ha abierto Samuel Adrián puede ser una oportunidad para hablar de algo que trasciende este caso: cómo estamos acompañando a una generación que crece bajo una presión permanente por definir, modificar y corregir su cuerpo.

Se trata de garantizar que ninguna decisión trascendental se tome sin información, sin acompañamiento y sin que se hayan considerado todas las alternativas.

Porque proteger también significa tener el valor de preguntar.

Y algunas preguntas, precisamente porque incomodan, son las que más necesitamos hacer.

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