La disciplina militar estaría en riesgo por buscar el derecho al voto

Hay asuntos que, por su trascendencia, no pueden mirarse únicamente desde la coyuntura política.

Uno de ellos es el papel de quienes tienen la responsabilidad constitucional de proteger la vida, la seguridad y las instituciones de la Nación.

Durante mi vida militar aprendí que la disciplina no es simplemente obedecer órdenes.

Es, ante todo, comprender que quien porta un uniforme representa algo que está por encima de sus propias preferencias, intereses o simpatías.

Representa al Estado y, en última instancia, a la sociedad que confía en él.

Para tener claro, de que estamos hablando revisemos lo que nuestra historia nos recuerda, algo que siempre estuvo en el corazón del colombiano y son las luchas bipartidistas señaladas como la causa fundamental de la restricción del voto para los miembros en servicio activo.

Desde las primeras constituciones del país se estableció el principio fundamental “crear una fuerza obediente y no deliberante”.

Desde la Constitución de Cundinamarca de 1811 y de Antioquia de 1812: se dejó claro que “La Fuerza Armada es esencialmente obediente y por ningún caso tiene derecho de deliberar“.

En la guerra de independencia hubo una excepción. En 1818, para el Congreso de Angostura, Bolívar dispuso que oficiales, sargentos y cabos gozaran del derecho de sufragio aunque no tuvieran rentas.

Durante todo el siglo XIX los militares podían votar “porque eran ejércitos sin formación profesional que estaban a cargo del cacique de turno, fuera liberal o conservador“.

Pero el voto no era secreto, era con papeleta azul para conservadores y roja para liberales.

Los gobernantes usaban a la Fuerza Pública para incidir en las elecciones y los resultados se convirtieron en fraudes sistemáticos.

En 1915 un informe a la Convención Republicana denunció que “los militares son un factor electoral muy valioso“. Y eso lo conocían los políticos de turno.

La Constitución de 1886 mantuvo en su artículo 168 que la fuerza armada no es deliberante, pero en la práctica esa limitación era solo simbólica: no podían deliberar, pero sí podían votar.

El punto de quiebre, fue en el año 1930 en donde las luchas bipartidistas son señaladas como la causa fundamental de la restricción.

Pero fueron Los oficiales del Ejército quienes se unieron y solicitaron al Congreso, a través del Ministerio de Guerra, que se los restringiera el derecho al voto porque estaban siendo objeto de manipulación del poder político.

Entre las motivaciones estuvo que los subalternos podrían ser obligados a votar por el candidato que siguieran sus comandantes.

Luego el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) expidió la Ley 72 de 1930 que fue más clara: “los miembros del Ejército y la Policía Nacional no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo” y por ello con el Acto Legislativo No 1 de 1945 la prohibición se eleva a norma constitucional, reformando el art 168 de 1886.

La Asamblea Constituyente de 1991 la refrenda en su Artículo 219: La Fuerza Pública no es deliberante […].

Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, eso explica porque la función hasta hoy día que es garantizar las elecciones, no participar en ellas como actor político.

La razón jurídica que se mantiene hasta hoy es garantizar la total neutralidad e imparcialidad de las instituciones armadas legítimamente constituidas, evitar su instrumentalización política y consolidar un ejército profesional.

Por eso observo con preocupación cualquier iniciativa que pueda llevar a los miembros activos de la Fuerza Pública hoy día al terreno de la política partidista.

En un país tan polarizado como Colombia, considero que esto puede generar tensiones difíciles de manejar dentro de unas instituciones cuya fortaleza depende, precisamente, de su carácter profesional, nacional y ajeno a las disputas electorales.

La situación adquiere mayor sensibilidad cuando existen corrientes políticas que mantienen afinidades, principios o propósitos que algunos consideran cercanos a los de las principales amenazas que Colombia ha enfrentado durante décadas y que corresponde a las Fuerzas Militares y a la Policía combatir.

No se trata de desconocer la pluralidad democrática, sino de preguntarnos con serenidad qué consecuencias puede tener para la disciplina y la cohesión institucional introducir la competencia partidista dentro de quienes tienen el deber de garantizar la seguridad de todos.

El militar y el policía, a mi juicio, deben estar por encima de la política partidista y de su rapiña.

No porque sean ciudadanos de segunda categoría, sino precisamente porque su responsabilidad es demasiado grande. Su deber es con Colombia, no con un partido, un candidato o una facción.

Creo que ha llegado la hora de valorar con mayor profundidad ese papel.

El militar y el policía son, ante todo, servidores públicos y guardianes del bien común.

Su autoridad moral nace de la independencia con la que cumplen su misión y de la confianza que puedan inspirar en ciudadanos de distintas ideas y maneras de pensar.

Una democracia fuerte necesita Fuerzas Militares y Policía fuertes, profesionales y respetadas.

Y esas instituciones necesitan conservar una frontera clara frente a la división ideológica y la política partidista.

Lo digo desde la experiencia y también desde la preocupación de quien ha dedicado buena parte de su vida al servicio de Colombia: cuando una institución armada pierde su carácter nacional y comienza a quedar atrapada en las disputas políticas, pierde algo mucho más profundo que su neutralidad. Puede empezar a perder la confianza de la sociedad.

Y sin confianza, ninguna institución encargada de proteger el bien común puede cumplir plenamente su misión.

Por eso reitero más que un derecho negado, se mantienen como la salvaguarda de la Democracia que aún se aprecia frágil dados los intentos de menoscabar sus cimientos en el gobierno anterior.

Por eso considero indispensable que este debate se dé con altura, sin pasiones ni descalificaciones, pensando menos en los intereses inmediatos de la política y más en la Colombia que queremos dejarles a las próximas generaciones.

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