Ni los paras se prestaron

Juan Felipe Murgueitio

En Colombia creíamos haberlo visto todo en la relación entre política y paramilitarismo.

Pero las revelaciones sobre el gobierno de Petro muestran algo nuevo: el intento de usar a antiguos jefes paramilitares para conseguir acusaciones contra la oposición en plena campaña presidencial.

Y lo más insólito es que ni los propios paramilitares aceptaron.

En octubre de 2025, el gobierno reunió en Valledupar a Salvatore Mancuso, Jorge 40, Macaco y otros excomandantes de las AUC.

Angie Rodríguez, la mano derecha de Petro en la Casa de Nariño, confesó que el objetivo era que hablaran contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.

Y el documento que firmaron comprometía al Estado a explorar excarcelaciones y a estudiar extradiciones como incentivos.

Pero no terminó ahí. Según reveló Semana, un asesor de Petro insistió hasta días antes de las elecciones.

Le pidió a Mancuso declaraciones contra De la Espriella y un “golpe de opinión”, porque, según le dijo, sin eso iban a perder.

Esto ya no es una estrategia política. Es el uso del Estado para interferir en una elección y atacar a los adversarios.

La paradoja es indignante: según fuentes presentes, los excomandantes se negaron porque no podían sostener esas acusaciones ante la justicia.

¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar quienes promovieron esta maniobra?

Petro niega haber dado la orden y pide publicar las actas y las grabaciones. Que se conozca todo.

Que se investigue quién convocó, qué se ofreció, quién presionó y quién autorizó.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Acusación tienen la obligación de llegar hasta el fondo, sin encubrimientos ni privilegios.

Colombia ha sufrido demasiado por los vínculos entre criminalidad y política.

La verdad de las víctimas no puede convertirse en moneda de cambio electoral, ni el poder del Estado puede usarse para fabricar acusaciones contra la oposición.

Ni los paramilitares se habrían prestado para lo que presuntamente les pidió el Gobierno Petro.

Ahora le corresponde a la justicia esclarecer los hechos y, si se comprueban, hacer caer todo el peso de la ley sobre los responsables, sin importar qué tan alto hayan llegado en el poder.