Una reforma necesaria, una estrategia equivocada

Colombia enfrenta una situación fiscal que exige decisiones difíciles.

Hace diez años, uno de cada seis pesos del recaudo tributario se destinaba al pago de la deuda; hoy es uno de cada tres.

Según las proyecciones del Gobierno, sin un ajuste la deuda neta podría superar el 82% del PIB en 2030.

ANIF advierte que, incluso aprobando los recortes de gasto propuestos, la deuda podría ubicarse entre el 76% y el 82% del PIB, con mayores costos de financiamiento y un déficit primario persistente.

El país no puede seguir aplazando decisiones.

En términos sencillos, esto significa que el Estado podría llegar a una situación en la que buena parte de sus ingresos se destine a pagar deudas e intereses, dejando cada vez menos recursos para salud, educación, seguridad e inversión.

Si el problema continúa agravándose, el Gobierno podría verse obligado a recortar programas, aplazar obras, retrasar pagos a proveedores e incluso enfrentar dificultades para cumplir oportunamente algunas de sus obligaciones.

En un escenario extremo, podría ponerse en riesgo el pago de la deuda.

No estamos ante un problema fiscal más, de esos que se heredan de un gobierno a otro, sino ante una situación que, de no corregirse, puede comprometer seriamente la capacidad del Estado para funcionar.

La gravedad del problema es evidente. Pero también lo es que una reforma de esta magnitud necesita algo más que argumentos económicos.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene razones para promover un ajuste fiscal; lo discutible es la estrategia política escogida para conseguirlo.

Porque reconocer la necesidad de ordenar las finanzas públicas no significa que cualquier momento o cualquier forma de presentar una reforma sean adecuados.

La Ley de Rescate Económico abrió una controversia que va mucho más allá de sus 106 artículos.

El problema no es solamente económico. También es político, y allí el Gobierno parece haber subestimado las dificultades.

Durante la campaña presidencial se prometió reducir el tamaño del Estado y aliviar la carga tributaria.

Hoy, aunque el proyecto contempla medidas de austeridad y una reducción del impuesto de renta empresarial, también propone ampliar el IVA, aumentar los aportes a salud y extender el impuesto de renta a más trabajadores.

Es una contradicción que exige explicaciones.

Las circunstancias fiscales pueden obligar a modificar las promesas, pero hacerlo requiere transparencia, pedagogía y liderazgo.

A esto se suma un problema de concertación. Una reforma de semejante magnitud no puede llegar al Congreso sin haber construido previamente acuerdos políticos y sociales suficientes.

Las críticas provenientes incluso de sectores cercanos al Gobierno muestran las dificultades para conseguir respaldo.

Y cuando una iniciativa empieza a perder apoyo entre sus propios aliados, el debate deja de concentrarse en sus objetivos para convertirse en una disputa sobre sus costos políticos.

También importa el momento. Colombia todavía enfrenta las consecuencias del terremoto de agosto, con miles de familias y empresas afectadas, pérdidas patrimoniales y enormes necesidades de reconstrucción.

En ese contexto, plantear mayores cargas sobre el consumo y los ingresos de los hogares exige una sensibilidad especial.

No porque la emergencia elimine los problemas fiscales, sino porque condiciona la capacidad de la sociedad para asumir nuevos sacrificios.

La experiencia de 2021 debería servir de advertencia.

La reforma tributaria presentada durante el Gobierno de Iván Duque respondió a necesidades fiscales reales, agravadas por la pandemia.

Sin embargo, la combinación de una coyuntura social difícil, medidas impopulares y una estrategia política insuficiente terminó por desbordar la discusión económica.

Las circunstancias actuales son distintas y no necesariamente conducirán al mismo desenlace, pero ignorar aquella experiencia sería un error.

Hay, además, una dificultad de comunicación. El Gobierno ha insistido en presentar la iniciativa principalmente como un esfuerzo de reducción del gasto, mientras distintos análisis muestran que una parte importante del ajuste provendría de mayores ingresos y contribuciones.

La diferencia entre lo que se anuncia y lo que perciben los ciudadanos puede deteriorar la confianza, incluso cuando existan razones técnicas para defender algunas medidas.

El Gobierno todavía tiene la oportunidad de corregir el rumbo.

Necesita explicar con claridad la magnitud del problema fiscal, reconocer los sacrificios que está solicitando, construir acuerdos y estar dispuesto a revisar los componentes más controvertidos sin perder de vista la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Una reforma fiscal no se aprueba únicamente con cifras y argumentos económicos.

También requiere legitimidad, confianza y capacidad para construir mayorías.

Es claro que Colombia necesita ordenar sus finanzas, pero también necesita hacerlo sin profundizar las tensiones sociales ni comprometer la recuperación económica.

La necesidad del ajuste puede estar justificada; su oportunidad y su conducción política merecen una discusión mucho más cuidadosa.

@edwinhmaldonado

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